En las esquinas de un barrio de Bogotá, militares retirados armados y vestidos de camuflado vigilan cada movimiento. Financiados por comerciantes cansados de la inseguridad, estos escuadrones reviven el fantasma de los antiguos paramilitares que sembraron terror en Colombia.
Los centinelas, con gorras de calaveras y botas al estilo militar, se niegan a identificarse ante las cámaras. Dicen que trabajan con el Gaula, un cuerpo de la fuerza pública contra el secuestro y la extorsión.
"Estamos montando seguridad, aquí hay gente armada, pero con la ley. No somos ilegales, somos militares pensionados y el comercio nos está pagando", afirmó uno de ellos.
Pero funcionarios del Gaula negaron cualquier vínculo entre la institución y este grupo de seguridad que se detectó desde enero en el barrio 7 de Agosto de la capital colombiana.
"Los civiles no tienen ningún tipo de responsabilidad" en la lucha contra la extorsión, aseguró el coronel Cristian Caballero, comandante del Gaula Militar en Bogotá. Sus hombres "siempre" operan "plenamente identificados", agregó.
Como en Perú, Ecuador y México, la extorsión azota a Colombia. Bogotá, una urbe de ocho millones de habitantes, vive una ola de inseguridad marcada por robos masivos en comercios, actos de sicarios y tiroteos.
"No es un tema de percepción. Bogotá está insegura", dijo el alcalde, Carlos Fernando Galán, ante la falta de estadísticas oficiales de delitos para 2024.
Durante el conflicto armado que dejó más de nueve millones de víctimas en seis décadas, en varias regiones de Colombia se crearon asociaciones de autodefensas para combatir las guerrillas.
Esos grupos se convirtieron en sangrientos escuadrones de ultraderecha que cometieron mil 166 masacres entre 1980 y 2012, a veces aliados con policías y militares, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En la primera semana del año un vendedor del 7 de Agosto, famoso por sus talleres de mecánica, fue tiroteado al negarse a pagar una extorsión. Según sus colegas, fue víctima de los Satanás, un grupo de delincuentes al mando de un venezolano con el mismo alias.
La Defensoría del Pueblo alertó que la ciudad es epicentro de una disputa entre el Tren de Aragua –organización nacida en Venezuela que crece sin freno por el continente– y el Clan del Golfo, el principal cartel del narcotráfico en Colombia. En el barrio grandes carteles se levantan con el lema "¡Yo no pago, yo denuncio!". Mientras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es blanco de críticas por dialogar con la guerrilla del ELN y grupos disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 y por la falta de acción de la fuerza pública ante el deterioro de la seguridad.