UN SECTOR QUE ha guardado un estruendoso silencio en la cruzada contra la Reforma Judicial, endosando su responsabilidad histórica a un menguado Consejo Coordinador Empresarial (CEE), es el bancario.
Luego del “error de diciembre” de 1994, que quebró al sistema, y tras el rescate que se implementó con el Fobaproa, la banca ha machacado que para otorgar más créditos requiere de mayor certeza jurídica.
Sin embargo, los principales bancos, aglutinados en la Asociación de Bancos de México, que preside Julio Carranza, no han dicho “esta boca es mía” en el debate nacional, y mucho menos a sus millones de clientes.
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Con esta reforma que ya aprobaron los diputados y que pronto pasarán los senadores, ¿cómo pretenden los banqueros financiar al aparato productivo, si lo que se alimenta es la incertidumbre?
Lo que la reforma aniquila es la seguridad de la banca para la recuperación de garantías de un crédito, lo que allana de forma automática dos cosas: reducción de préstamos y aumento de las tasas de interés.
Los dos bancos comerciales que deben estar más preocupados por esta situación deberán ser los españoles BBVA y Santander, que capitanean en cada caso Eduardo Osuna y Felipe García Ascencio.
Y es que son el número uno y dos respectivamente en el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas del país, con 151 mil 616 millones y 63 mil 113 millones de pesos a junio de este año.
Le siguen Banorte que maneja Marcos Ramírez con casi 55 mil millones, Banco del Bajío de Salvador Oñate con 40 mil 32 millones y BanRegio de Manuel Rivero Santos con 35 mil 71 millones de pesos. Otro segmento que quedará abiertamente expuesto por la Reforma son los créditos hipotecarios, indispensables para colocar el millón de casas que se propone construir en su sexenio Claudia Sheinbaum.
Cuidado también con las cerca de 23.9 millones de tarjetas de crédito que había en México al cierre de 2023, que no son solo un circuito de crédito, sino también un medio de pago fundamental para el mexicano.
Del saldo de dichos plásticos a esa fecha, 486.2 miles de millones de pesos, o 1.4% del PIB, un 59% corresponde a totaleros, por lo que la caída en crédito por la inseguridad jurídica tendría un efecto amplificado.
La reforma va frenar el ciclo económico del país, porque los bancos la van a pensar dos veces antes de prestar en un entorno deprimido y sin las garantías de que los sujetos de crédito les cumplirán.
No quieren ver crecer los niveles de sus carteras vencidas por culpa de nuevos jueces inexperimentados que a partir de 2025 se pongan del lado de clientes morosos.