El exprocurador Jesús Murillo Karam salió de prisión donde se encontraba implicado por el caso de Ayotzinapa y ya está en su casa en la lujosa colonia Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, donde continuará su proceso con el beneficio de prisión domiciliaria.
Durante la mañana de este sábado 13 de abril, un convoy de la Guardia Nacional escoltó a Murillo Karam desde la Torre Médica del penal Tepepan, en la alcaldía Xochimilco, donde se encontraba internado para llevarlo a su domicilio en donde continuará su proceso por su implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas.
La tarde de ayer el juez de control Juan José Hernández Leyva determinó conceder prisión domiciliar a Murillo Karam, quien tendrá que usar brazalete y no podrá acercarse a ningún aeropuerto, luego de que su defensa legal solicitó una audiencia para revisar la suspensión definitiva otorgada por el Tribunal Colegiado.
Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, fue detenido en agosto del 2022 acusado de tres delitos presuntamente cometidos durante la investigación en la desaparición de los 43 normalista, los cuales son contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", vinculado al caso Ayotzinapa.
Gobierno condena prisión domiciliaria a Murillo Karam
Ante el anuncio, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó la determinar del juez de control con residencia en el Reclusorio Sur por lo que reiteraron su compromiso de trabajar con los padres de las víctimas para poder obtener el paradero de los jóvenes.
“Lamentablemente, no nos extraña la postura de este integrante del Poder Judicial de la Federación (PJF). Con dicha determinación se atenta una vez más contra el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares, toda vez que el exfuncionario ha sido señalado como uno de los principales responsables de obstruir la justicia en la desaparición de los 43 estudiantes”, indicaron en un comunicado.
Además, señalaron lo que el Gobierno de México reitera su compromiso con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos, romper el pacto de silencia criminal e intensificar las acciones legarles para castigar a los responsables de “una herida abierta en la historia reciente”.
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