RUMBO A ELECCIONES

Tribunal Electoral ratifica Independencia

La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, afirma que el organismo que dirige está fuerte y capacitado

NACIONAL

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Mónica Soto en entrevista para El Heraldo RadioCréditos: El Heraldo de México

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, afirmó que hay autonomía e independencia del árbitro electoral para garantizar todo el proceso que se enfila para el 2 de junio.

Incluso, sostuvo que a pesar de las diferencias entre magistrados, no hay riesgo de la impartición de justicia en el máximo tribunal electoral. “Hay autonomía e independencia, por supuesto, del árbitro. Nosotros tomamos la última decisión y cuando haya intervención indebida, no sólo del Presidente, sino de cualquier servidor público, estamos nosotros marcando, digamos la falta, y tenemos una una muy larga lista de sentencias en donde se evidencia que el criterio es uno y el criterio es el mismo para todas las partes", dijo en entrevista para el programa A La Una con Salvador García Soto, en Heraldo Radio.

30 años de labor electoral tiene la presidenta.

Soto Fregoso aseveró que el tribunal que preside está fuerte y el trabajo de cada magistrado está altamente probado, y más aún cuando está a punto de arrancar la campaña. "Tenemos todos una formación en lo jurisdiccional y en lo electoral.

Entonces, que la ciudadanía esté tranquila, el tribunal está fuerte y quienes lo integramos somos personas con un perfil comprobado", dijo. La magistrada presidenta afirmó también que hay presiones al árbitro electoral, no sólo al Tribunal, sino también al INE, sobre todo de aquellos actores que ven que las resoluciones no les favorecen.

"Nunca se ha emitido una sentencia que no tenga una argumentación y un sustento jurídico y constitucional", aseveró Soto Fregoso. En cuanto a qué preocupaciones tiene en estas elecciones, Soto Fregoso respondió que lo principal es la polarización en la política y segundo, es que las mujeres no puedan acceder a cargos públicos por violencia política en razón de género.