La titular del Órgano Interno de Control (OIC) de Playa del Carmen, Cristina Alcérreca Manzanero, informó que los procedimientos administrativos iniciados contra exfuncionarios de la administración 2021-2024 por observaciones a la Cuenta Pública 2023 avanzan hacia una etapa decisiva y podrían ser remitidos próximamente al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado.
La funcionaria explicó que la reciente publicación de edictos para citar a comparecer a la ex presidenta municipal Lili Campos Miranda y al extesorero Pedro Escobedo Vázquez, entre otros exservidores públicos de la administración 2021-2024, responde a la imposibilidad de realizar las notificaciones de manera personal, pese a contar con domicilios obtenidos durante las investigaciones.
“Estamos recurriendo a las vías que establece la ley para poder continuar con los procedimientos”, señaló.
Los expedientes forman parte de investigaciones iniciadas a partir de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado durante la revisión de la Cuenta Pública 2023. Alcérreca precisó que se trata de recursos estatales y municipales, no de origen federal.
De acuerdo con la contralora, los casos ya superaron la fase de investigación y actualmente se encuentran en la etapa de sustanciación, considerada la antesala de una eventual remisión al órgano jurisdiccional encargado de resolver sobre posibles responsabilidades administrativas graves.
Los exfuncionarios citados deberán comparecer el próximo 29 de junio. En caso de no hacerlo, el OIC podrá concluir el procedimiento de notificación y continuar con el trámite legal correspondiente.
“Lo que en su caso corresponde es turnarlos al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado”, indicó.
Alcérreca recordó que la intervención del Órgano Interno de Control se limita al ámbito administrativo y que la dependencia no tiene facultades para investigar delitos, función que corresponde a las fiscalías especializadas.
“La materia de responsabilidades administrativas es distinta a la penal. Nosotros investigamos conductas que pudieran configurarse como faltas administrativas graves o no graves”, explicó.
Durante la entrevista también fue consultada sobre la situación jurídica de la extesorera municipal Kira Iris San, quien mantiene diversos recursos legales en contra de los procedimientos iniciados por la autoridad municipal.
La contralora confirmó que la exfuncionaria ha promovido amparos y otros medios de defensa, algunos admitidos y otros rechazados por los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, aclaró que esos recursos no han detenido los procedimientos administrativos que continúan en integración.
“Todavía no existen actos definitivos. Nos encontramos en una etapa de sustanciación y estaremos atentos a lo que determinen las autoridades competentes respecto de los recursos promovidos”, señaló.
La titular del OIC sostuvo que la dependencia continuará con la atención de los expedientes turnados por la Auditoría Superior del Estado, mientras se desarrollan los procedimientos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La comparecencia programada para finales de junio marcará uno de los últimos pasos antes de que los expedientes sean enviados al Tribunal Anticorrupción, instancia que determinará si existen elementos suficientes para sancionar a los exfuncionarios involucrados en las observaciones detectadas durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2023.