El conflicto interno que desde hace meses enfrenta a distintos grupos al interior de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Playa del Carmen escaló este fin de semana, luego de que consejeros propietarios denunciaran públicamente el incumplimiento de un requerimiento formal para la entrega de instalaciones, archivos, bienes y sistemas institucionales de la organización.
Durante una conferencia de prensa, integrantes del consejo señalaron que el plazo otorgado para realizar la entrega formal de los recursos institucionales ya venció sin que se concretara el procedimiento, situación que, afirmaron, los obliga a iniciar acciones legales e institucionales para proteger el patrimonio y la certeza jurídica de la cámara.
Los consejeros sostuvieron que la controversia no se trata de una disputa personal, sino de un asunto jurídico e institucional derivado de diversas determinaciones emitidas por la Secretaría de Economía federal, autoridad encargada de regular y supervisar el funcionamiento de las cámaras empresariales en el país.
De acuerdo con los documentos presentados, la Secretaría de Economía emitió el oficio 110.01.750.2026, mediante el cual realizó precisiones respecto a la situación jurídica de la Canaco Servytur Playa del Carmen. Según la interpretación expuesta por los consejeros, la dependencia federal señaló que no ha tomado conocimiento de quienes actualmente se ostentan como integrantes del Consejo Directivo 2026.
Asimismo, afirmaron que la autoridad federal reconoce únicamente al Consejo Directivo correspondiente al ejercicio 2025, encabezado por Adán Toledo Lucero, quien, según indicaron, es el representante legal reconocido ante la Secretaría de Economía.
Durante la exposición, los integrantes del consejo explicaron que se solicitó formalmente a Alma Giovanna Franco Cervantes la entrega de las instalaciones de la cámara ubicadas en la colonia Gonzalo Guerrero, así como de llaves, controles de acceso, mobiliario, equipos, archivos físicos y digitales, documentación administrativa y fiscal, cuentas bancarias, recursos financieros, accesos al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), correos institucionales, plataformas digitales, redes sociales, página web, sellos oficiales y demás bienes relacionados con la operación institucional.
Indicaron que la solicitud fue presentada por escrito y con acuse de recibido, otorgándose un plazo de cinco días hábiles para su cumplimiento. Sin embargo, aseguraron que al vencerse dicho término no se realizó una entrega formal, documentada y completa de los bienes requeridos.
“Ya no estamos ante una solicitud pendiente. Estamos ante un incumplimiento consumado frente a un requerimiento formal debidamente presentado”, señalaron durante la conferencia.
Los consejeros argumentaron que la cámara no pertenece a una persona o grupo en particular, sino a sus afiliados, por lo que consideraron grave que instalaciones, archivos, accesos digitales, documentación y recursos permanezcan fuera de los mecanismos institucionales de control y supervisión.
Ante esta situación, informaron que ya dieron vista formal a la Secretaría de Economía federal sobre el incumplimiento y anunciaron la promoción de acciones legales en distintas materias.
En el ámbito administrativo, solicitarán que la dependencia federal determine las medidas procedentes conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, su reglamento y los estatutos internos de la organización.
En materia civil, señalaron que podrían impulsarse procedimientos para recuperar la posesión, resguardo y control de bienes, instalaciones, archivos y sistemas institucionales.
Asimismo, indicaron que se dará vista a las autoridades competentes en caso de detectarse posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos, documentación, cuentas bancarias o activos pertenecientes a la cámara.
Los consejeros aclararon que no están atribuyendo responsabilidades penales o administrativas de manera anticipada, ya que eso corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, pero insistieron en que el incumplimiento al requerimiento formal obliga a activar los mecanismos legales previstos por la normatividad.
Finalmente, hicieron un llamado a autoridades municipales, estatales y federales, así como a organismos empresariales, instituciones bancarias, proveedores y afiliados, para que tomen en consideración las determinaciones emitidas por la Secretaría de Economía antes de reconocer actos que pudieran carecer de respaldo jurídico suficiente.
“La Cámara debe regresar a la legalidad, a la transparencia y al orden institucional”, expresaron los consejeros, quienes insistieron en que su objetivo no es generar confrontación, sino restablecer la certeza jurídica y garantizar la protección del patrimonio de la Canaco Servytur Playa del Carmen.
Por ahora, la disputa permanece abierta y se espera que en las próximas semanas la Secretaría de Economía defina los alcances de sus resoluciones y el rumbo que seguirá uno de los organismos empresariales más importantes de la Riviera Maya.