El Gobierno de México autorizó una inversión total de un millón 980 mil pesos para fortalecer las casas de emergencia de los Centros de Justicia para las Mujeres de Quintana Roo, como parte de las acciones encaminadas a brindar atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos.
Los recursos fueron formalizados mediante tres convenios de coordinación y adhesión suscritos entre la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado y la Fiscalía General del Estado, a través de los proyectos CE-2026-030, CE-2026-031 y CE-2026-032.
Cada uno de los proyectos recibió un subsidio de 660 mil pesos, por lo que en conjunto la entidad dispondrá de una bolsa de un millón 980 mil pesos para fortalecer la operación de las casas de emergencia ubicadas en los Centros de Justicia para las Mujeres de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.
Los apoyos forman parte del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, que cuenta con un presupuesto nacional de 856 millones 782 mil 185 pesos para el ejercicio fiscal 2026.
La solicitud de recursos fue presentada por el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, el pasado 9 de febrero de 2026. Posteriormente, el Comité de Evaluación del programa aprobó las tres propuestas y notificó la autorización el 27 de febrero de este año.
El objetivo de estos recursos es fortalecer la operación de los espacios especializados que brindan refugio temporal a mujeres que enfrentan situaciones de violencia extrema, además de ofrecer servicios de atención psicológica, jurídica, médica y de trabajo social tanto a las víctimas como a sus hijas e hijos.
De acuerdo con los convenios, las casas de emergencia deberán garantizar condiciones de seguridad, confidencialidad, vigilancia y rutas de evacuación, además de contar con programas internos de protección civil y personal capacitado en derechos humanos y perspectiva de género.
Los recursos federales serán depositados en cuentas específicas administradas por el Gobierno del Estado y posteriormente transferidos a cada uno de los Centros de Justicia para las Mujeres. El dinero deberá ejercerse a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y cualquier remanente o recurso utilizado para fines distintos deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado tendrá la obligación de presentar informes periódicos sobre el avance de los proyectos, conservar la documentación comprobatoria de los gastos y mantener mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Los convenios también establecen la obligación de registrar la información de las mujeres atendidas y los servicios proporcionados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), con el propósito de fortalecer las estrategias nacionales de prevención y atención de las violencias de género.
Las autoridades estatales deberán entregar un informe final de resultados antes del 15 de enero de 2027, documento que permitirá evaluar el impacto de los recursos y el cumplimiento de las metas establecidas.
Con esta inversión, Quintana Roo busca reforzar la capacidad de respuesta de los tres Centros de Justicia para las Mujeres más importantes del estado, en un contexto en el que la atención integral y los espacios seguros representan una herramienta fundamental para proteger a las víctimas y contribuir a la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres.