La relación entre México y Estados Unidos parece haber entrado en una nueva etapa no necesariamente más cordial ni agresiva, pero sí, digamos, más “sofisticada”.
Tras la reunión bilateral de seguridad celebrada en la Embajada de EU en la Ciudad de México el viernes pasado, el embajador ‘Ron’ Johnson emitió un comunicado en un tono conciliador e impecable. Resaltó cooperación, coordinación, resultados compartidos y reconocimiento mutuo, en un mensaje diseñado para transmitir estabilidad en una relación que durante meses ha estado sometida a una presión constante y creciente.
El documento hablaba de trabajo conjunto, reducción del tráfico de drogas, combate a organizaciones criminales y fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Nada que encendiera alarmas sino que, al contrario, parecía un respiro diplomático al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, casi al mismo tiempo comenzaron a circular -“casualmente”- versiones sobre la presunta presentación en ese cónclave de nuevos expedientes de políticos mexicanos bajo investigación en EU. Y si bien no existe confirmación oficial de ninguno de los dos gobiernos, la información ha sido ampliamente comentada en medios nacionales y espacios de análisis político.
En la supuesta lista figuran los nombres -nada nuevo- de Adán Augusto López, Andrés López Beltrán, Américo Villarreal, Mario Delgado y Alfonso Durazo, además de los casos ya conocidos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza.
La contradicción se acentuó después, pues mientras la diplomacia estadounidense ofrecía la mano derecha a México, los hechos sugieren que Washington mantiene el garrote en la izquierda.
Porque pocas horas después del conciliador mensaje de Johnson, la ‘zarina’ antidrogas estadounidense, Sara Carter, lanzó una advertencia que sonó más a ultimátum que a cooperación. Dijo que van contra funcionarios mexicanos vinculados a organizaciones criminales y advirtió que quienes no colaboren, terminarán “arrepintiéndose”.
En paralelo, la administración Trump reforzó las posiciones clave encargadas precisamente de los expedientes relacionados con narcotráfico y corrupción política. Jay Clayton fue promovido a la Dirección de Inteligencia nacional y James McDonald -abogado de Trump- asumirá la poderosa Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la misma que impulsa las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses.
Como si fuera poco, trascendió que autoridades financieras estadounidenses ordenaron revisar movimientos bancarios y entornos familiares de varios gobernadores mexicanos, incluyendo mandatarios de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano.
La señal es clara: Washington sonríe en público, mientras profundiza investigaciones -y amaga- en privado.
No es casualidad. Trump entiende perfectamente el valor político de la presión selectiva y mientras con una mano ofrece cooperación, con la otra agita el mazo de la justicia norteamericana.
ZARPAZO
Sinaloa se está convirtiendo en el laboratorio político de esta estrategia. El desgaste provocado por el caso Rocha Moya ha golpeado severamente la imagen de Morena y mediciones recientes muestran al partido gobernante desplomado en intención de voto, mientras la oposición recupera terreno.
Si la crisis judicial sinaloense sigue escalando y las investigaciones estadounidenses continúan alcanzando figuras del oficialismo, el costo podría dejar de ser solamente penal y podría convertirse también en electoral. Y esa factura, tarde o temprano, alguien tendrá que pagarla.