Con el respaldo de 21 votos de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), el Congreso de Quintana Roo aprobó un paquete de reformas a la Constitución local, la Ley Electoral y la Ley de Municipios que redefine reglas clave del sistema político estatal, particularmente en la asignación de regidurías y diputaciones de representación proporcional.
La reforma del llamado “Plan B” electoral, introduce cambios en la integración de los cabildos, modifica los criterios para consultas populares, establece medidas de austeridad para el Poder Legislativo y órganos electorales, además de incorporar disposiciones contra el nepotismo y ajustes a la reelección en cargos municipales y legislativos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la modificación al esquema de asignación de regidurías plurinominales, que en los hechos limita la posibilidad de que candidatos a presidentes municipales que no ganaron la elección, pero obtuvieron una votación significativa, accedan automáticamente a un espacio en el cabildo. Este mecanismo, defendido históricamente como una vía para garantizar representación a las minorías, fue señalado por la oposición como el blanco central de la reforma.
El bloque conformado por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votó en contra, argumentando que los cambios “descabezan” a la oposición en los municipios y reducen los contrapesos políticos en los ayuntamientos. A pesar de ello, la mayoría oficialista logró aprobar el dictamen sin modificaciones.
La sesión también estuvo marcada por el viraje del PT. Su coordinador, Hugo Alday Nieto, había anticipado un voto particular en contra de la nueva fórmula de asignación de regidurías; sin embargo, al momento de la votación en el pleno, el partido se sumó sin reservas al bloque oficialista. El cambio no pasó desapercibido en tribuna.
El priista Filiberto Martínez Méndez cuestionó lo que calificó como “silencios cómodos” dentro del Congreso, sugiriendo que algunos legisladores habrían cedido a presiones.
“Se están haciendo leyes desde la soberbia de una mayoría que avasalla”, expresó, al relatar el caso de un legislador que inicialmente se oponía a la reforma, pero terminó respaldándola.
Desde Morena, el diputado Jorge Sanén respondió con dureza a los señalamientos, defendiendo que las modificaciones eliminan privilegios y fortalecen la austeridad republicana. También criticó que se ventilen conversaciones privadas en tribuna y sostuvo que los cambios responden a una demanda ciudadana de mayor equidad en el ejercicio del poder.
En el fondo del debate, la oposición centró sus críticas en la desaparición del llamado “repechaje” para candidatos que quedan en segundo lugar. El legislador de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, calificó la medida como un “golpe al pluralismo político”, al considerar que elimina la posibilidad de que liderazgos con respaldo ciudadano participen en los cabildos como contrapeso al partido gobernante.
En la misma línea, el PRI advirtió que la reforma busca consolidar un escenario sin vigilancia política efectiva en los municipios. Martínez Méndez sostuvo que se pretende impedir la llegada de perfiles con arraigo territorial que puedan fiscalizar a las administraciones locales, lo que —dijo— debilita la democracia.
Del lado oficialista, el PVEM y Morena defendieron que la representación proporcional no fue diseñada para “rescatar candidaturas derrotadas”. El diputado Renán Sánchez Tajonar afirmó que la reforma no excluye a las minorías, sino que redefine los criterios para dar cabida a sectores históricamente relegados, como jóvenes, mujeres y comunidades originarias.
A su vez, la diputada María José Osorio Rosas argumentó que durante años se normalizó que actores políticos permanecieran en el poder aun perdiendo elecciones, lo que calificó como una simulación democrática.
“Perder debe significar perder”, sostuvo, al insistir en que se pone fin a prácticas que permitían el acceso al erario por vías indirectas.
La mayoría legislativa también subrayó que los cambios armonizan la legislación estatal con principios nacionales en materia de paridad, inclusión, participación ciudadana y límites al poder público.
Tras su aprobación en el Congreso, la reforma constitucional será turnada a los ayuntamientos de Quintana Roo para su validación. Se prevé que, dada la correlación política en los cabildos, el aval municipal se concrete en el corto plazo, lo que permitiría su entrada en vigor antes del próximo proceso electoral.