Hace poco más de un año, con bombo y platillo, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, presentó un ostentoso, vistoso y costoso equipamiento para buscar mejorar la seguridad pública, el cual incluía un helicóptero y más de 300 unidades terrestres.
Se trataba de una inversión de mil 200 millones de pesos que tenía como objetivo hacer frente a la inseguridad de ese municipio turístico, "como parte de la estrategia de construcción de paz", de acuerdo al lenguaje oficial vigente.
Sin duda un despliegue enorme de fuerza que en realidad ha tenido pobres resultados y en casi nada ha contribuido a que se genere una percepción positiva entre los playenses acerca de la seguridad en su comunidad.
Por supuesto que esa versión contrasta con la opinión o la propaganda que difunde el gobierno de Estefanía Mercado, al pregonar que Playa del Carmen se encuentra entre los municipios más seguros del país, algo que se daría por hecho como consecuencia del enorme derroche de recursos que se han destinado para la vigilancia y la seguridad de sus habitantes.
Aún así, diversos sectores ciudadanos reportan un ambiente de preocupación por delitos como la extorsión y la presencia del crimen organizado, aún y cuando se diga que van a la baja los homicidios dolosos.
Pero ni siquiera este hecho ha logrado que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que realiza el Inegi, el municipio de Playa del Carmen se libre de la responsabilidad de ser un municipio que afecta al estado, por ese sentir de inseguridad prevaleciente.
Llama la atención que tanto despliegue de recursos, de propaganda, de discursos sobre la grandiosa seguridad pública de Playa del Carmen, se topen con un detalle muy simple y que debería de ser atendido y resuelto sin mayor problema, por ser un acto de simple justicia laboral.
Se trata de la instancia hasta donde han tenido que acudir al menos tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen para que la administración municipal le dé trámite a sus solicitudes de jubilación.
Estos elementos son Jesús Jabet Sanguino Misset, Mónica Nieves Domínguez Luján y Luis Alberto Hernández Hernández, quienes tuvieron que recurrir a la justicia federal para exigir que la autoridad municipal emita una respuesta formal sobre sus trámites de retiro laboral.
Los casos quedaron radicados bajo los expedientes 474/2026, 475/2026 y 476/2026 en el Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo, y tienen como objeto obligar al Ayuntamiento a que conteste o dé trámite a sus peticiones de jubilación, luego de haber cumplido con los años de servicio necesarios dentro de la corporación policiaca, para gozar de un derecho laboral indiscutible.
Pero eso sí, mil 200 millones de pesos para la seguridad ¿de quién?