El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, José Sosa Figueroa, afirmó que los actuales integrantes del organismo fueron sorprendidos por la rapidez con la que el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción, mismas que permitirán renovar por completo el comité y reducir significativamente las remuneraciones de sus futuros integrantes.
Luego de que la XVIII Legislatura aprobara modificaciones legales para reestructurar el CPC, Sosa Figueroa reconoció que hasta ahora no han revisado a detalle el contenido de la iniciativa, por lo que analizarán el impacto jurídico y administrativo de la medida.
“Nosotros no teníamos conocimiento de estas iniciativas ni de este proyecto de reforma. Fue algo que se dio apenas este lunes y necesitamos revisar a detalle la propuesta”, declaró.
El dirigente explicó que, de confirmarse la renovación total del comité, deberán preparar el proceso de entrega-recepción y cumplir con las obligaciones legales relacionadas con informes anuales y resultados de gestión.
“Cuando culmina un periodo de un integrante del Comité de Participación Ciudadana se tiene que entregar un informe anual y resultados del trabajo realizado. Tendríamos que analizar cómo vienen esos artículos y cuáles son los mecanismos legales adecuados”, señaló.
La reforma aprobada contempla emitir una nueva convocatoria para conformar un nuevo Comité de Participación Ciudadana, además de reducir de cinco a tres años el periodo de los futuros integrantes y disminuir sus percepciones económicas bajo criterios de austeridad.
De acuerdo con declaraciones previas del diputado Santiago Frías Canché, presidente de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, los nuevos integrantes deberán ser “verdaderamente ciudadanos responsables y comprometidos”, además de percibir salarios ajustados a la política de austeridad de la llamada Cuarta Transformación.
Incluso, se estima que las remuneraciones de los futuros integrantes del CPC podrían reducirse hasta en un 70 por ciento respecto a las actuales.
Sobre este punto, José Sosa Figueroa indicó que aún desconocen cómo quedará planteada la reducción salarial y reiteró que primero deberán revisar oficialmente el contenido del decreto.
“Ahorita no puedo emitir una postura concreta porque no he leído cómo viene planteada esa reducción de honorarios”, comentó.
El presidente del CPC rechazó señalar directamente que las reformas respondan a críticas o campañas de desinformación contra el organismo, aunque reconoció que muchas de las acciones y resultados del comité no son ampliamente conocidos por la ciudadanía ni por algunos legisladores.
“El Comité tiene mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de proyectos de vinculación con organizaciones civiles y cámaras empresariales, pero muchas veces esos resultados no son conocidos”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que el CPC siempre buscó mantener comunicación con diputados y autoridades para presentar informes y estrategias relacionadas con el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Pese a ello, aceptó que ahora deberán analizar posibles acciones legales y administrativas derivadas de la reforma, especialmente por el impacto que tendría en la permanencia de los actuales integrantes.
El contexto de esta modificación surge luego de diversas críticas públicas hacia el desempeño del CPC y cuestionamientos sobre sus resultados y remuneraciones. La nueva legislación pretende acelerar la renovación del organismo, evitar largos periodos vacantes y establecer mecanismos de mayor control y evaluación sobre sus integrantes.
Según lo aprobado por el Congreso, en menos de tres meses Quintana Roo podría contar con un nuevo Comité de Participación Ciudadana encargado de vigilar la transparencia y el combate a la corrupción en el estado.