El caso Xcaret dejó de ser un pleito legal para convertirse en un espejo incómodo que hoy no sólo confronta a una empresa con el Estado mexicano, sino a los propios pueblos mayas entre sí.
La polémica resolución de la Suprema Corte -que limita al grupo de parques temáticos el uso de simbología maya-, llegó como detonante de algo más profundo: una polarización interna que llevaba años gestándose.
De un lado, el llamado Gran Consejo Maya, que defendió acuerdos con la empresa, hablando de utilidad y beneficios. Del otro, dignatarios y comunidades étnicas que los desconocen, cuestionan su legitimidad y sostienen que nadie puede negociar a nombre de todos.
Y ahí está el fondo del asunto. Durante décadas, las comunidades mayas han sido utilizadas como bandera política en procesos electorales, como símbolo identitario en discursos oficiales y como activo cultural en la industria turística. Pero ese mismo proceso también dejó algo que hoy se empieza a notar: los mayas ya no son actores pasivos y manipulables.
Hoy, las comunidades saben organizarse, reclamar, litigar y hasta pelear en tribunales. El caso Xcaret es prueba de ello, que más que una rebelión espontánea, es una disputa por representación, por control y por beneficios reales.
En ese contexto, la SCJN hizo lo que le correspondía y cuestionó la validez de acuerdos firmados por una representación que no acreditaba consenso amplio, poniendo un freno a la idea de que el patrimonio puede administrarse como contrato privado. Pero al hacerlo, también dejó al descubierto que no hay una sola voz maya, sino varias… que hoy están enfrentadas.
Mientras tanto, el sector empresarial de Quintana Roo se mueve en su lógica. Organismos como el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y la Coparmex advierten riesgos sobre la certeza jurídica, el impacto en la inversión y la importancia de la promoción cultural. Y no les falta razón, pues el estado vive del turismo y buena parte de su historia se ha construido sobre esa identidad.
Sin embargo, también es cierto que esa identidad ha sido utilizada como recurso económico durante años, sin reglas claras y, en muchos casos, sin beneficios tangibles para las etnias locales.
Y ahí está la paradoja: lo que hoy se quiere proteger, desde mucho antes se vino explotando sin mayor cuestionamiento.
En medio de ese choque, el pueblo maya aparece dividido por una disputa que reclama, en ambos bandos, quién tiene el derecho de decidir sobre su propia cultura.
ZARPAZO
Ahora viene lo interesante. Si la vara se pone alta para Xcaret, ¿qué sigue? ¿Le cambiamos el nombre al Tren Maya? ¿Le quitamos el “maya” a la Riviera? ¿Revisamos hoteles, restaurantes, tours, artesanías, menús y logotipos que viven de esa palabra?
Porque si la Corte va en serio en la protección de la cultura, no alcanzaría con un solo caso. Habría que pasar lista… y en la Península de Yucatán no quedaría casi nadie fuera.
El problema es que durante años todos jugaron a lo mismo: usar lo “maya” para vender, pero hoy resulta que el debate es quién sí y quién no. Y es aquí donde la justicia corre el riesgo de volverse selectiva… o peor aún, profundamente política.