Todos los servidores públicos de Quintana Roo deberán presentar su declaración patrimonial anual durante el mes de mayo, como parte de las obligaciones establecidas en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Así lo informó la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, Alma Gabriela Arroyo Angulo, quien recordó que este proceso aplica para cualquier persona que desempeñe un cargo público o reciba recursos del erario.
La funcionaria explicó que el periodo oficial para cumplir con este requisito será del 1 al 31 de mayo, lapso en el que trabajadores de los tres poderes del estado, ayuntamientos, organismos autónomos y demás entes públicos deberán actualizar o presentar su declaración patrimonial. Este documento incluye información sobre ingresos, bienes, posibles conflictos de interés y evolución patrimonial, lo que permite fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana y control institucional.
Arroyo Angulo destacó que Quintana Roo se mantiene como uno de los tres estados del país con interconexión total a la Plataforma Digital Nacional (PDN), considerada una de las herramientas más ambiciosas del Sistema Nacional Anticorrupción. Junto con Aguascalientes y Baja California Sur, la entidad logró integrar al 100 por ciento a sus sujetos obligados, lo que permite compartir información de manera estandarizada y en tiempo real con las bases nacionales.
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Detalló que esta plataforma cuenta con seis subsistemas digitales, entre ellos el Sistema 1, enfocado en declaraciones patrimoniales y de intereses, considerado el eje central del modelo de fiscalización. Mediante este esquema, las declaraciones que presentan los servidores públicos en Quintana Roo son canalizadas a través del sistema local y posteriormente conectadas a la red nacional, lo que facilita la verificación cruzada de datos entre instituciones.
La titular del organismo aclaró que la Secretaría Ejecutiva no genera ni modifica la información presentada, sino que únicamente funge como enlace técnico para la interconexión de los datos. La responsabilidad sobre el contenido, veracidad y actualización de cada declaración corresponde directamente al servidor público que la presenta y al ente gubernamental al que pertenece.
“Nosotros no somos responsables de la información que se sube, sino cada ente y cada servidor público. Lo que hacemos es garantizar que la versión pública cumpla con el estándar nacional y quede conectada correctamente al sistema”, precisó.
Añadió que en Quintana Roo son más de 30 mil servidores públicos los que se encuentran dentro de esta obligación, incluyendo personal estatal, municipal, organismos descentralizados, instituciones autónomas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El mayor volumen de declaraciones, explicó, se concentra en el Poder Ejecutivo debido al tamaño de su estructura administrativa.
Sobre la calidad de la información, Arroyo Angulo reconoció que uno de los principales retos consiste en asegurar que los formatos sean llenados de manera completa y correcta. Aunque todos los estados operan bajo los mismos lineamientos técnicos y estándares de captura, en ocasiones existen omisiones o errores por parte de los declarantes, lo que obliga a revisiones posteriores.
En caso de que ciudadanos detecten posibles inconsistencias, datos incompletos o irregularidades, señaló que deberán presentar las denuncias ante el ente público correspondiente o ante las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas. Subrayó que la Secretaría Ejecutiva no tiene facultades sancionadoras, ya que su función es eminentemente técnica dentro del Sistema Anticorrupción.
Finalmente, hizo un llamado a los servidores públicos de la entidad para cumplir en tiempo y forma con este requisito legal. Reiteró que presentar la declaración patrimonial no solo evita sanciones administrativas, sino que también representa un compromiso con la transparencia y la confianza ciudadana.