Una trabajadora con 20 años de antigüedad en la Fiscalía del Estado denunció públicamente presunto acoso laboral, amenazas y un intento de desplazamiento interno dentro de su centro de trabajo en Playa del Carmen, al señalar que desde la incorporación de otra empleada a su área comenzaron una serie de conflictos que, asegura, derivaron en afectaciones emocionales, cambios arbitrarios y la salida de sus pertenencias de la oficina donde laboraba.
Anindra Díaz Carvajal explicó que el conflicto inició tras la llegada de Tania Yvette Veytia Lagunes, a quien identificó como la persona con la que compartía funciones en mesa de actas de comparecencia. Señaló que durante los primeros días le explicó el funcionamiento del área, pero después de un periodo vacacional encontró un ambiente distinto y comenzó, según relató, una serie de presiones laborales y episodios de intimidación.
La denunciante afirmó que en al menos dos ocasiones recibió amenazas directas, una de ellas cuando, según dijo, su compañera le colocó el puño cerca del rostro advirtiéndole que podría golpearla. Añadió que decidió documentar la situación ante sus superiores inmediatos, comenzando con el coordinador del área, aunque aseguró no haber obtenido respuesta.
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Posteriormente, indicó que llevó por escrito la situación ante el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, sin recibir seguimiento. También refirió que acudió a Chetumal para solicitar intervención institucional, donde presentó un oficio ante Cristina Torres Gómez con la petición de ser reubicada en otro espacio sin afectar sus funciones laborales. Según explicó, tras ese trámite tampoco hubo resolución favorable.
Relató que días después le fue entregado un oficio de cambio de adscripción que rechazó firmar al considerar que no especificaba condiciones laborales ni funciones concretas, y porque, según dijo, el destino propuesto era archivo muerto. Afirmó que tras negarse, al día siguiente encontró cerrada con seguro la oficina donde laboraba y sus pertenencias colocadas en el pasillo.
Responsabilizó de esa decisión al fiscal de Distrito Centro, Rogelio Estrada Heleria, a quien identificó como la autoridad que firmaba sus vacaciones y quien, aseguró, estuvo detrás de las decisiones administrativas tomadas en su contra.
Explicó además que presentó una queja formal ante Asuntos Internos de la Fiscalía, registrada con el número 56, por temor fundado a sufrir una agresión física, argumentando que la persona señalada tiene antecedentes deportivos como boxeadora y tacleadora, circunstancia que incrementó su preocupación por su integridad.
La trabajadora sostuvo que interpreta los hechos como un intento de obligarla a renunciar a su plaza laboral, pese a que faltan aproximadamente cinco años para alcanzar la jubilación. Indicó que tiene 54 años de edad, formación en Derecho y trayectoria en diversas áreas ministeriales, incluyendo levantamiento de denuncias, mesa de robo e integración de expedientes.
Durante su declaración pública pidió la intervención de la gobernadora Mara Lezama Espinosa para que revise el caso y garantice condiciones de seguridad dentro de la institución, al señalar que teme por su integridad física y por la de su familia.
Añadió que padece artrosis degenerativa y que su situación laboral actual le genera incertidumbre, al considerar que a su edad sería difícil incorporarse a otro empleo. También manifestó que desea continuar trabajando dentro de la Fiscalía o, en su caso, alcanzar un acuerdo institucional que reconozca sus años de servicio.