La marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, volvió a colocar en el centro del debate la situación de violencia y el acceso a la justicia para las mujeres en Quintana Roo. Colectivos feministas señalaron que, pese al discurso institucional, persisten obstáculos en las instituciones encargadas de atender y sancionar las agresiones de género.
La representante del colectivo Marea Verde Quintana Roo, Yunitzilim Rodríguez Peraza, afirmó que la movilización surge de la frustración acumulada ante lo que calificó como falta de resultados reales en la atención a víctimas.
“Lo que tenemos es una frustración, una digna rabia, una indignación, un hartazgo. Ya estamos hasta la coronilla del cinismo de la simulación de que este Gobierno sea nombrado feminista y humanista, cuando en la realidad vemos que no hay compromiso real”, expresó.
La activista señaló que, durante el acompañamiento a víctimas de violencia, las organizaciones han identificado problemas estructurales en las instituciones encargadas de impartir justicia. Entre ellos mencionó la falta de personal especializado, retrasos en peritajes y procesos de investigación que permanecen estancados durante meses.
“Hay carpetas de investigación que llevan más de un año con violencia grave y no se integran porque el peritaje no ha llegado. Presentamos denuncias contra fiscales del Ministerio Público en fiscalías especializadas y no pasa nada”, sostuvo.
Rodríguez Peraza también cuestionó el funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres, instancia creada precisamente para brindar atención integral a víctimas de violencia. De acuerdo con su testimonio, en varios casos las mujeres enfrentan procesos de revictimización.
“El acceso a la justicia cada vez está peor; antes en algunos casos podíamos avanzar, ahora estamos 30 o 40 años atrás”, afirmó.
Otro de los señalamientos se dirigió a los Órganos Internos de Control dentro de dependencias públicas, donde —según indicó— las denuncias por acoso o violencia laboral no suelen derivar en sanciones. En algunos casos, aseguró, las víctimas terminan enfrentando represalias.
“Los órganos internos de control, lejos de castigar a los culpables, despiden o presionan a las víctimas para que se retracten”, denunció.
La activista también criticó la actuación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a la que acusó de mantener una respuesta limitada frente a los casos de violaciones a derechos humanos.
“Tengo una queja desde 2020 y hasta ahora no se ha hecho la reparación del daño. Y como ese caso hay muchísimos”, señaló.
Durante la marcha del 8M, los colectivos recordaron que las protestas no sólo buscan visibilizar la violencia de género, sino también exigir políticas públicas efectivas en materia de prevención, atención y sanción.
Para las organizaciones feministas, el reto principal consiste en pasar del discurso institucional a acciones concretas que garanticen la protección de las mujeres y un sistema de justicia que responda con rapidez y perspectiva de género ante los casos de violencia.