La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) endurecerá sus acciones contra desarrolladores que construyan sin cumplir con los permisos ambientales, al priorizar no solo sanciones económicas, sino la reparación integral del daño e incluso la demolición de obras cuando sea necesario, informó Mariana Toy Tamborrell, titular de la dependencia.
La funcionaria explicó que la institución busca modificar la forma en que se ha actuado frente a las irregularidades ambientales, especialmente en zonas costeras con alta presión inmobiliaria.
“Estamos cambiando completamente la visión… lo primero que estamos buscando es que haya una reparación integral del daño”, señaló.
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Detalló que, en los casos donde una construcción se realiza de manera ilegal, la prioridad será devolver el sitio a su estado original.
“Lo que buscamos es que el sitio vuelva a las condiciones anteriores a las que se encontraba antes de construir, y esto quiere decir demolición”, afirmó.
Toy Tamborrell indicó que, aunque las multas seguirán aplicándose, ya no serán la única consecuencia para quienes incumplan la ley.
“No va a haber esas facilidades para decir: pagan la multa y continúan con lo que ya hicieron”, advirtió.
Explicó que la legislación ambiental vigente establece dos rutas claras. Por un lado, cuando un proyecto pudo haber sido autorizado, se aplican medidas compensatorias; por otro, cuando se trata de obras no autorizables —como aquellas dentro de áreas naturales protegidas—, procede la reparación total del daño ambiental.
“La ley es muy clara… cuando es una actividad no autorizable, entonces sí tenemos que ir a la reparación del daño para restituir las condiciones”, puntualizó.
Uno de los casos que marcó este cambio de criterio ocurrió en 2024, cuando la Profepa ordenó la demolición de un hotel en Puerto Morelos, tras comprobar daños a un ecosistema de duna costera y afectaciones a especies como la tortuga marina. La obra, promovida por la empresa Desarrollos Tulum Dieciséis, no contaba con la autorización de impacto ambiental al momento de su construcción.
A pesar de que la empresa intentó regularizar el proyecto de manera posterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso por haberse iniciado sin cumplir con el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, lo que derivó en la orden de demolición con base en resoluciones administrativas y judiciales.
Sobre prácticas comunes en el sector, la titular de la Profepa señaló que algunos desarrolladores inician obras con permisos municipales, sin contar con las autorizaciones federales necesarias.
“De cualquier manera, la actividad es ilícita y nosotros vamos a seguir actuando, vamos a seguir sancionando y vamos a seguir ordenando la reparación”, sostuvo.
Ante este panorama, subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades.
“Es muy importante poder tener comunicación y articulación con los presidentes municipales, sobre todo en municipios costeros donde vemos este boom del desarrollo inmobiliario”, indicó.
Finalmente, reiteró que el objetivo es prevenir daños ambientales desde el origen, mediante una mayor vigilancia y el cumplimiento estricto de la normativa.
“Se tienen que requerir las autorizaciones federales para los desarrollos constructivos en zonas costeras”, concluyó.