El funcionario explicó que actualmente la ley obliga a realizar un proceso de subasta pública para dar de baja las unidades, lo que implica publicaciones en el periódico oficial y peritajes especializados, representando un gasto considerable para el municipio, por lo que ahora buscan mecanismos legales que permitan dar de baja estos vehículos sin que el ayuntamiento tenga que destinar tantos recursos, señaló.
En el corralón se estima que existen alrededor de 6 mil vehículos, aunque el padrón no está completamente actualizado, pero se sabe que más de 100 unidades son municipales y se encuentran en estado inservible, convertidas prácticamente en chatarra.
“Son vehículos que ya no tienen utilidad y que incluso representan un riesgo sanitario, pues pueden convertirse en criaderos de mosquitos”, advirtió Alonso Coral.
La saturación del espacio se debe a que ahí se resguardan tanto vehículos particulares retenidos por faltas administrativas como unidades bajo investigación de la fiscalía, una mezcla que ha complicado la gestión y ha incrementado la necesidad de liberar espacio.
El director de Patrimonio subrayó que la intención no es obtener grandes ingresos por la venta de chatarra, sino evitar gastos excesivos y riesgos ambientales, por lo que subastar estos bienes genera más costos que beneficios, pero lo que trata es acarlos del corralón y darles un destino final adecuado, explicó.
Las reuniones de la Comisión de Patrimonio, Cuenta Pública y Hacienda han planteado alternativas junto con oficialía mayor, sindicatura y asesores legales, esto con el objetivo es modificar el reglamento para que el proceso sea más ágil y menos oneroso.
Reiteró que el objetivo del Ayuntamiento es liberar espacio en el corralón, reducir riesgos sanitarios y optimizar recursos públicos, dando solución a un tema que ha afectado tanto a la administración como a la ciudadanía.