Un grupo de mujeres víctimas de violencia vicaria se manifestó para denunciar la falta de avances en sus carpetas de investigación y procesos judiciales, así como la ausencia de atención directa por parte de las autoridades estatales. Las afectadas señalaron que, hasta el momento, no cuentan con resoluciones en sus casos, pese a que algunos llevan varios años en trámite.
Blanca Cardona explicó que las asistentes acudieron de manera independiente, sin representar a alguna colectiva, con el objetivo de visibilizar la situación que enfrentan.
“Venimos como mujeres víctimas de delito, afectadas, y hasta la presente fecha no tenemos resolución en nuestras carpetas y expedientes penales”, expresó. Añadió que muchas de ellas han solicitado intervención institucional sin obtener respuestas concretas.
De acuerdo con los datos expuestos durante la manifestación, se tienen al menos 50 casos documentados relacionados con violencia vicaria. Sin embargo, algunas de las participantes señalaron que han optado por continuar sus procesos de forma independiente, tras detectar irregularidades en organizaciones previas o en la atención institucional.
Una de las afectadas, identificada como Arely Pérez Alcocer, relató que su caso de violencia vicaria fue cerrado en 2023 sin una resolución favorable. Señaló que durante el proceso no contó con representación legal adecuada y que se vulneraron sus derechos y los de su hijo.
“Se violentaron muchos derechos y ahora quieren que yo renuncie al proceso, como si yo fuera la responsable”, afirmó.
Asimismo, indicó que mantiene otro proceso penal por lesiones que lleva cerca de tres años sin resolverse. Detalló que sufrió una fractura en el brazo izquierdo tras una agresión y que aún presenta secuelas físicas.
“Me quieren dar 10 mil pesos como si mi brazo valiera eso, incluso se burlan en las audiencias”, denunció.
Las manifestantes también criticaron la falta de atención directa por parte de la titular del Ejecutivo estatal. Aseguraron que, desde el inicio de la administración, han solicitado audiencias sin éxito y que únicamente son canalizadas a distintas dependencias sin soluciones concretas.
“Nos mandan de una oficina a otra, como pelotitas de ping pong, pero nadie tiene la facultad de resolver”, señalaron.
En este contexto, convocaron a un plantón para exigir atención; sin embargo, denunciaron que varias víctimas no acudieron por temor a represalias. Según indicaron, algunas beneficiarias de programas sociales enfrentaron cambios en fechas de pago, mientras que otras observaron movimientos inesperados en sus audiencias judiciales.
“De un día para otro cambiaron fechas hasta abril; es una forma de presión para que no participen”, acusaron.