En México acabamos de ver uno de esos casos en que lo que parecía conflicto político era en realidad una negociación. Lo ocurrido con la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum lo confirma.
El rechazo inicial de la iniciativa en la Cámara de Diputados -con el voto en contra del Partido Verde y el PT- desató una oleada de interpretaciones, como que la presidenta había perdido control político, que la coalición oficialista se fracturaba y que venía un reacomodo mayor dentro de la 4T.
Pero no hubo -como lo anticipamos en entrega anterior- ninguna de estas situaciones, pues cuando la política es real rara vez funciona con esos dramatismos.
Tras unos días de conversaciones, Morena, Verde y PT reaparecieron juntos en la Segob, tomados de la mano como los buenos amigos que son, respaldando el Plan B electoral de Sheinbaum.
No es la reforma constitucional original que quería la presidenta. Pero tampoco es una derrota.
Es, más bien, el resultado clásico de la política: todos ceden algo y todos conservan algo.
La presidenta mantiene viva su agenda de austeridad institucional y recupera la iniciativa política. El Verde y el PT, por su parte, defienden su estructura territorial y su peso legislativo rumbo al proceso del 2027.
El mensaje que salió de Bucareli el domingo es claro: la coalición puede disentir y discutir, pero no está dispuesta a romperse.
Ese dato cobra especial relevancia en Quintana Roo, donde algunos sectores del morenismo más ortodoxo alimentaban la ilusión de un rompimiento con el PVEM para irse “solos” el próximo año.
Sin embargo, la realidad es menos romántica para estos guindas celosos y territoriales: Morena por sí solo difícilmente podría ganar la elección estatal sin la maquinaria territorial que el Verde ha construido durante años. Y el Verde, a su vez, sabe que su viabilidad electoral depende de mantenerse dentro de la coalición que -indiscutiblemente- encabeza Morena.
Por eso la alianza se mantiene... y se blindó. No tanto por afectos ideológicos, sino por puro sentido práctico y funcional para todos.
Quintana Roo seguirá siendo territorio de negociación dentro de la 4T y no de ruptura… para tristeza de los morenistas del ala dura.
Algo similar ocurre en otros enclaves donde el Verde tiene influencia, como San Luis Potosí o Chiapas, donde el equilibrio de fuerzas obliga a mantener el pacto.
El llamado Plan B no sólo reencauza la agenda legislativa de la presidenta, sino que también deja claro que la política mexicana sigue siendo, ante todo, el arte de lo posible.
ZARPAZO
Donde la presidenta sí tocó una fibra sensible fue en el diagnóstico que dio origen al Plan B: los Congresos locales se han convertido en verdaderos santuarios de privilegio político y económico.
Mientras en estados como Colima o Campeche el costo anual por diputado ronda los cinco o seis millones de pesos, en otros como Baja California supera los 30 millones por legislador. Una diferencia absurda de hasta siete veces más, por exactamente la misma función.
En Michoacán se documentan gastos millonarios en alimentos, gasolina y viáticos; en Veracruz, compras con sobreprecio y bolsas discrecionales.
Con esos antecedentes, poner límites al gasto legislativo resulta urgente. Sí o sí, hay que ponerle freno al viejo vicio de vivir del presupuesto… como si fuera botín.