La reciente detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y casi en paralelo la de un edil en Tlaxcala -aunque con menor ruido-, son señales de una crisis de gobernanza que tiene bajo asedio el corazón del poder en México. De ser un secreto a voces, la narcopolítica se ha convertido ya en evidencia recurrente.
Un recuento periodístico en medios nacionales documenta que desde 2018 al menos 25 alcaldes o ex alcaldes han sido detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, secuestro u homicidio. La mayoría militaba en Morena (8 casos), seguido por PRI y Movimiento Ciudadano (4 cada uno), PRD (3) y PAN, PT, PVEM y otros con un caso. El fenómeno no distingue siglas, pero sí exhibe la fragilidad del control territorial.
El primer campanazo, recordamos, llegó con la “Operación Enjambre” en el Estado de México, donde fueron capturadas alcaldesas acusadas de nexos criminales.
A la par, el estudio “El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, de Data Cívica y México Evalúa, registró mil 373 eventos de violencia político-criminal entre 2018 y 2023; el 31% contra alcaldes y el 60% letales. El 77% de las víctimas pertenecía al ámbito municipal, demostrando que la capa más cercana al ciudadano es, paradójicamente, la más expuesta a la captura criminal.
Más aún, la Plataforma Digital Nacional añade otra señal: 17 mil 415 servidores públicos han sido sancionados, aunque sólo 508 por faltas graves.
El 2025 dejó detenciones de ex ediles poblanos de MC, un alcalde zacatecano ligado al CJNG y sentencias derivadas de la “Operación Enjambre”. El 2026 no pinta tampoco bien, luego de que el morenista Carlos Ventura fue arrestado el 1 de enero en Veracruz; Gerardo Cortés, postulado por Morena-PT, cayó en Puebla; y más recientemente -que quizá no sea el último-, Rivera Navarro, de Tequila.
Mientras el gobierno federal presume cercos (67 funcionarios capturados hasta febrero), la presión de EU escala expedientes que alcanzan a figuras del poder del caso Bermúdez y su “Barredora”, a menciones que rozan la élite obradorista.
Ahogado el niño, Morena busca tapar el pozo y ha anunciado filtros “más estrictos” rumbo al 2027. La reacción parece tardía, porque cuando un partido debe blindarse de sus propios candidatos, es porque el problema ya echó raíces. Y se entiende la preocupación de contener el descrédito, pues análisis recientes colocan hasta ocho gubernaturas en riesgo para el oficialismo en el 2027.
El boquete está abierto y buscan cómo cerrarlo luego de años de descontrol. El crimen organizado no sólo ha financiado campañas, sino impuesto perfiles, exigido cuotas en gobiernos y legislaturas, así como ha colonizado estructuras. La tarea, desde aquí, se ve compleja… pero ya era hora de empezar.
ZARPAZO
Cumplió dos años la edición Quintana Roo de El Heraldo de México. Vaya nuestro reconocimiento a su equipo directivo, editores, reporteros, diseñadores y colaboradores -entre quienes me honro en participar-, por sostener un periodismo firme, combativo y objetivo, que ha trascendido.
Especial agradecimiento a su director en el estado, Antonio Cervantes, por encabezar un proyecto sólido del que -a invitación suya-, formo parte desde hace casi año y medio con El Rugido del Balam. Que vengan muchas páginas más y larga vida a El Heraldo Quintana Roo.