Lo que parecía pan comido hoy se percibe como un hueso duro de roer. La Reforma Electoral que promueve el Ejecutivo parece tener a sus aliados como sus principales oponentes.
Ni Ricardo Monreal, ni Adán Augusto López parecen tener la fuerza y la credibilidad, hasta ahora, para conseguir los votos suficientes que se requieren en las Cámaras de Diputados y de Senadores para que se dé luz verde a la propuesta que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La complejidades de la aprobación de esta iniciativa se centra en tres puntos que para los otrora aliados representan una afectación a sus intereses.
No está de más decir que los otros partidos de oposición-PAN, PRI y MC tampoco están dispuestos a dejar pasar esta pretendida reforma.
La reducción de las diputaciones y senadurías plurinominales.
En este sentido, el Ejecutivo propone que las diputaciones de representación proporcional se reduzcan de 200 a 100 y que desaparezcan las 32 que le corresponden al Senado.
Pero esto no acaba ahí, porque en el caso de las 100 que tendría la Cámara Baja, las formas para decidir a los favorecidos, las famosas listas, también tendrían cambios en su conformación y esto podría acabar con las preferencias que tradicionalmente tienen las llamadas “vacas sagradas” para asegurar una curul sin hacer campaña y entrar a la competencia electoral.
La reducción de las prerrogativas a los partidos políticos que en esta iniciativa se propone sea del 50 por ciento de lo que tradicionalmente reciben.
Por supuesto, eso no es nada del agrado de los partidos aliados y opositores a Morena, pues prácticamente eso es nada el financiamiento de sus prebendas y subsistencia.
Además, la reducción del ingreso se daría en un año electoral en el que estarán en juego 17 gubernaturas y centenas de posiciones federales, estatales y municipales.
Independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que significaría que este organismo tenga, entre otras cosas, autonomía en la designación de sus consejeros y así evitar que los partidos “metan mano” y lo politicen.
Además, el INE tendría un presupuesto con autonomía y no tendría que pasar por los representantes de los partidos para autorizar sus gastos.
También se propone que tenga un Servicio Profesional Electoral para garantizar sus consejeros y buen funcionamiento.
También habría un cuarto tema que sería una llamada “ley antinepotismo” que impediría que familiares directos sustituyan a los salientes.
Cabe señalar que el Congreso de la Unión tiene como fecha límite el 31 de marzo para votar esta iniciativa, último día del periodo ordinario de sesiones, lo que también pone en riesgo la posibilidad de alianzas entre Morena y sus hasta ahora aliados.
En reiteradas ocasiones el Partido Verde, incluso en Quintana Roo, ha advertido que podría ir solo en los comicios del próximo año.
Para aprobar la reforma se requieren 334 votos, que representan dos terceras partes de la conformación total de los 500 diputados.
Los guindas tienen 257 diputados y requerirían forzosamente a los 77 del PVEM y los 51 del PT para sacar adelante la iniciativa.
Juntos tendrían mucho más de lo mínimo requerido, pero las disputas siguen y los plazos se cierran.
Débiles: Parece que los golpes políticos y mediáticos han debilitado la capacidad negociadora de los líderes de ambas cámaras.