El gobierno municipal puso en marcha un proceso de ordenamiento y regularización del comercio en la vía pública, luego de detectar que apenas 2% de los aproximadamente 2 mil 500 comerciantes ambulantes registrados cumple con los criterios de vulnerabilidad establecidos en el reglamento, informó Julián Lara, director de Cobranza y Fiscalización.
Desde el inicio de la actual administración, explicó el funcionario, se instruyó revisar y corregir las prácticas heredadas de gobiernos anteriores, en las que se otorgaron permisos sin apego a la norma. El reglamento vigente establece que los permisos para comercio en vía pública deben priorizar a personas en situación de vulnerabilidad —adultos mayores, madres solteras en condiciones precarias o personas con discapacidad—, condición que en la práctica no se respetó, generando una crisis en el sector.
Como primer paso, la Dirección de Cobranza y Fiscalización trabaja en la integración de un padrón confiable, base sobre la cual la comisión dictaminadora evaluará caso por caso para determinar quiénes cumplen con el reglamento y qué estrategia se aplicará para el resto. Del diagnóstico preliminar se desprende que el 98% de los comerciantes ambulantes no se encuentra en situación de vulnerabilidad, sino que opera como emprendimientos con capacidad económica para cubrir un pago justo por el uso del espacio público.
Lara precisó que el nuevo enfoque distingue entre quienes requieren apoyo social y quienes ejercen una actividad comercial rentable. En el primer caso, no se cobra derecho alguno; en el segundo, se establece la obligación de contribuir, en condiciones equitativas, para evitar competencia desleal frente al comercio formal, que sí cumple con impuestos y permisos.
El proceso incluye la revisión de giros comerciales y una estrategia de reubicación, con énfasis en las zonas de mayor presión turística y urbana, como el corredor turístico, la Quinta Avenida, la Décima Avenida y el primer cuadro de la ciudad. La intención es ordenar la actividad y evitar la ocupación indebida de banquetas, parques, paradas de autobús y otros espacios que comprometen la seguridad peatonal y la imagen urbana.
El director señaló que se han detectado establecimientos que operan en la vía pública con características de restaurantes, sin cumplir requisitos ni encuadrar en criterios de vulnerabilidad, por lo que se busca que transiten al comercio formal. La política municipal, dijo, combina sensibilidad social con aplicación del reglamento: se reconocen los ingresos que muchas familias obtienen del comercio informal, pero se exige orden y cumplimiento de la norma.
A tres meses de iniciado el programa, la autoridad reporta avances en la regularización. La mayoría de los comerciantes ha acudido a iniciar su trámite y se encuentra en revisión de expediente. No obstante, quienes ignoraron las notificaciones formales —emitidas con antelación— y operan sin tarjetón se enfrentan a decomisos directos, al tratarse de una aplicación general del reglamento.
Los decomisos, aclaró Lara, se han concentrado en casos de omisión reiterada, ya que no es viable aplicar la norma de manera selectiva. La prioridad, subrayó, es garantizar la seguridad de transeúntes y mejorar la imagen de la zona turística, sin permitir invasiones ni irregularidades.
Finalmente, el funcionario reiteró la invitación a los comerciantes a acercarse a la Dirección de Comercio, en el nuevo Palacio Municipal, área de Fiscalización, donde el trámite es ágil y brinda certeza jurídica. Regularizarse, concluyó, reduce riesgos de sanciones y permite avanzar hacia un comercio en vía pública ordenado y equitativo en Playa del Carmen.