La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección y procedió a la clausura de un predio en la zona de Xcalacoco, donde meses atrás vecinos denunciaron la tala de selva para la construcción de un estacionamiento vinculado a operaciones relacionadas con una empresa privada.
En el acceso al predio fue colocada una lona oficial de clausura de la Profepa, identificada con el folio PFPA/22.2/35.2/0001-2026/0001, en la que se advierte que quebrantar los sellos constituye un delito federal, conforme al Código Penal Federal.
La actuación de la autoridad ambiental se dio meses después de presentada la denuncia pública y vecinal, situación que ha generado molestia entre habitantes de Xcalacoco, quienes señalaron que, al momento de la inspección, la selva ya había sido desmontada, quedando el terreno sin cobertura vegetal.
El predio clausurado se localiza en una zona que vecinos identifican como uno de los últimos remanentes de selva continua en el norte de Playa del Carmen, área que cumple funciones ambientales relevantes como corredor biológico, captación natural de agua y amortiguamiento del crecimiento urbano.
De acuerdo con la denuncia realizada en noviembre de 2025, los trabajos incluyeron remoción total de vegetación nativa, desmonte de selva baja y nivelación del terreno, con la finalidad de habilitar un estacionamiento y obras complementarias, sin que se hiciera público, según los denunciantes, un estudio de impacto ambiental previo ni un inventario de flora y fauna.
Desde que se detectaron los trabajos, habitantes de Xcalacoco realizaron señalamientos públicos, solicitudes formales y llamados a autoridades municipales, estatales y federales, advirtiendo que la intervención representaba un precedente negativo en una zona presionada por el crecimiento inmobiliario y de servicios.
La clausura confirmada por Profepa acredita la existencia de irregularidades ambientales, aunque los vecinos subrayan que la acción se dio cuando el daño ambiental ya estaba consumado, al encontrarse el predio completamente desmontado.
Hasta el momento, no se ha informado de manera pública si el procedimiento derivará en sanciones administrativas, multas, obligación de restauración ambiental o reforestación, ni si se establecerá la responsabilidad directa de la empresa vinculada al proyecto.
La lona de clausura permanece colocada en el sitio mientras Profepa determina el alcance de las afectaciones y las medidas que deberán aplicarse conforme a la legislación ambiental federal.