La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) aseguró que el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Cancún de 2022 no sólo quedó invalidado, si no tampoco puede surtir efectos, así lo confirmó recientemente el Primer Tribunal Colegiado.
Mónica Huerta, integrante del equipo legal de DMAS, indicó que el recurso 53/2023 corresponde a una impugnación interpuesta por el gobierno local, cuya intención era revertir la decisión del juez de invalidar el PDU.
“Decían que la jueza de distrito se excedió en sus facultades al conceder la medida, que no existía una urgencia o una afectación real al medio ambiente, que no se justificaba conceder la suspensión, que todos los actos, incluyendo el PDU, eran meramente administrativos y no causaban ningún perjuicio”, dijo.
Sin embargo, el pasado mes de diciembre el Tribunal Colegiado desechó dichos argumentos y subrayó que la jueza de distrito sí había actuado dentro del campo de sus atribuciones, con el objetivo de evitar daños de difícil reparación.
Determinó que “no eran simples actos internos, que habían decisiones con efectos reales que eran capaces de permitir o tolerar acciones que sí eran ilegales al momento de haberse emitido esas licencias, porque se estaba construyendo en zonas de humedal y de manglar”, dijo.
Con ello, se determinó que la sentencia dictada anteriormente quedara intacta hasta que se resuelva el juicio principal, suspendiendo la emisión de cualquier licencia de construcción, de uso de suelo, ampliación de edificaciones, que estén basadas en el PDU de 2022 y que estuvieran sobre manglares, humedales, cenotes, ecosistema kárstico y arrecifal.
Asimismo, indicó que esperan que este 2026 la impugnación del PDU de Benito Juárez del 2022 llegué a una resolución definitiva, pues el pasado 12 de diciembre llegó el asunto al Tribunal Colegiado.