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Ley chaleco "VA POR QUE VA", asegura Cristina Torres

La Ley Chaleco, aún vigente en Quintana Roo, busca garantizar la seguridad vial y reducir los delitos cometidos en motocicletas, con chalecos gratuitos y registrados.

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Cristina Torres Gómez explica los avances y pendientes de la Ley Chaleco en Quintana Roo.Créditos: María Hernández

La denomina Ley Chaleco “va porque va” afirmó la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, al recordar que la norma está vigente en el estado, sólo que no se ha aplicado.

La funcionaria estatal señaló que hay dos pendientes fundamentales, la primera, el reglamento y la segunda, la licitación para los medios de seguridad, que será retomada hasta 2026.

“Recuerden que se avanzó en la licitación, pero se declaró desierta por los medios de seguridad que nosotros estábamos pidiendo y seguramente lo que la ley marca que este año se detiene y hay que verla el siguiente para lanzar la convocatoria, la ley está vigente, pero lo que necesitamos nosotros para cumplir con la norma que se determinó que el chaleco sea gratuito”, dijo. 

La gratuidad y registro de chalecos busca mejorar la seguridad vial y reducir delitos.

Además de asegurar la gratuidad de este, se tiene que garantizar que existan todas las condiciones técnicas para que el número de registro y el chip que tendrá el chaleco coincida con el de las autoridades y pueda leerse con las cámaras de seguridad. 

Aunque existen estos atrasos en la aplicación de la reforma a la Ley de Movilidad, indicó que se sigue trabajando en el reglamento, junto a los clubes de motociclistas, con quienes también se abordó el tema del registro

“En paralelo se trabaja en materia de seguridad y si se fijan, ha reducido un poco el índice de los delitos cometidos por personas a bordo de motocicletas”, dijo. 

Clubes de motociclistas participan en la elaboración del reglamento.

Torres Gómez recordó que la intención de esta reforma es la de mejorar la seguridad vial y reducir la incidencia de delitos cometidos por motocicletas.

Anteriormente, las cifras oficiales apuntaban a que el 80% de los homicidios dolosos en la entidad se cometían a bordo de estos vehículos.