El presidente de Coparmex Chetumal, Josué Osmany Palomo, encabezó el pronunciamiento de empresarios y ejidatarios que cuestionan la intención de declarar a la laguna de Bacalar como Área Natural Protegida (ANP). Señaló que esta medida, de aprobarse sin consenso, podría limitar el desarrollo regional y dejar fuera de la toma de decisiones a los principales actores sociales y productivos.
“Siempre hemos estado a favor del cuidado y la conservación del medio ambiente, porque sabemos que es una de las principales fuentes de desarrollo para nuestras comunidades. Pero no queremos imposiciones ni decisiones unilaterales que afecten a Bacalar, la Bahía de Chetumal o cualquier otro espacio. Apostamos por una regulación clara, moderna y que permita un desarrollo sostenible, en concordancia con autoridades, empresarios y ciudadanos”, expresó Palomo.
El dirigente empresarial anunció que, tras la rueda de prensa, se entregará a la gobernadora un documento con argumentos técnicos y jurídicos que sustentan la oposición a que la declaratoria de ANP se realice sin consulta ni participación de los sectores involucrados.
“Como empresarios tenemos que ser tomados en cuenta; no se puede permitir que este tipo de decisiones se tomen al margen de la sociedad”, recalcó.
En la misma línea, ejidatarios y representantes de organizaciones sociales reiteraron su preocupación por lo que consideran un intento de centralizar el control de la laguna. Roberto Salgado, del ejido La Península, advirtió que durante años se han acumulado regulaciones sin una coordinación real entre instituciones, lo que ha derivado en vacíos legales, corrupción y un desarrollo desordenado.
Por su parte, Héctor Peña, de Amigos de Xul Ha, recordó que la propia ciudadanía ha emprendido acciones de conservación y rechazó que se busque restringir su participación.
“No estamos en contra del desarrollo ni de la protección ambiental, lo que exigimos es que todos los acuerdos sean construidos de manera conjunta y respetados por todos los sectores”, subrayó.
Este debate ocurre mientras el diputado local Renán Sánchez Tajonar impulsa la regulación de la navegación en la laguna, en lo que ha descrito como un esfuerzo por garantizar la sustentabilidad del ecosistema.
A la par, el Instituto de la Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), a cargo de Javier Carballar Osorio, considera viable que la laguna obtenga la categoría de ANP, asegurando que esta medida no representaría limitaciones al desarrollo, sino que permitiría establecer un marco normativo para su aprovechamiento racional.