Representantes de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) solicitaron públicamente la regularización del servicio de mototaxis en Cozumel e Isla Mujeres, señalando que la falta de voluntad política ha sido el principal obstáculo para avanzar en este tema.
Noel Gallegos Bautista, secretario general de la COR, aseguró que actualmente operan alrededor de 150 unidades en Cozumel, distribuidas entre tres organizaciones formalmente reconocidas: la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) y la agrupación Usococ. Todas han recibido autorización por parte del Instituto de Movilidad del Estado (Imoveqroo) y del Ayuntamiento.
“Nosotros no estamos en contra de la regulación, lo que buscamos es que se nos reconozca legalmente al 100%. La ley de movilidad que se aprobó no consideró a las islas. Simplemente nos hicieron a un lado”, señaló Gallegos Bautista. “Queremos que nos tomen en cuenta en los foros donde se discuten las leyes, porque es ahí donde se aprueban las cosas”.
El dirigente sindical afirmó que han sostenido reuniones con el diputado Wilbert Batún Chulim, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, quien ha mostrado poca disposición, sin resultados concretos.
“Nos dice que le va a dar seguimiento y que hará lo que esté en sus manos, pero hasta ahora no hemos visto avances”, subrayó.
Gallegos también explicó que el Instituto de Movilidad se encuentra realizando un censo para verificar cuántas unidades operan en el estado y determinar cuáles cumplen con los requisitos para prestar el servicio.
En Cozumel, donde el transporte tradicional resulta costoso debido al precio del combustible y la logística de traslado de vehículos a la isla, el servicio de mototaxis representa una opción accesible para los habitantes.
“El taxi en Cozumel se ha pegado mucho al turismo, ha dejado abandonada a la ciudadanía. Los mototaxis vinieron a resolver ese problema, ofreciendo un servicio más económico y adaptado a la realidad de la isla”, expresó.
Finalmente, el secretario general de la COR insistió en que la legalización del servicio debe formar parte de una política pública integral, especialmente pensada para las condiciones particulares de las islas del estado.