En respuesta a las críticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el rechazo del sector empresarial, el Congreso de Quintana Roo aprobó cambios significativos a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio. La reforma, promovida por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, reduce drásticamente las causales de expropiación y ajusta los mecanismos de indemnización para garantizar mayor certeza jurídica.
La nueva legislación elimina 13 de las 25 causas de utilidad pública que estaban contempladas originalmente, entre las que destacaba la polémica fracción que permitía expropiaciones para proyectos de inversión privada, una de las principales preocupaciones de los empresarios y la CNDH. También se suprimieron disposiciones relacionadas con desarrollos de vivienda social, parques industriales, infraestructura aeroportuaria y energías limpias.
En cuanto a las indemnizaciones, se estableció que el pago deberá basarse en el valor comercial del inmueble, no en el valor catastral, como señalaba la ley anterior. Sin embargo, se especificó que el monto no podrá ser inferior al valor catastral, con el fin de proteger a los propietarios de compensaciones injustas.
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Para evitar arbitrariedades, la reforma introduce requisitos más estrictos, como la presentación de un dictamen técnico que justifique la necesidad de la expropiación. Además, las ocupaciones temporales ya no podrán extenderse más allá del periodo de gobierno que las autorice, y solo las secretarías estatales y los ayuntamientos tendrán facultades para solicitar afectaciones a la propiedad privada.
La aprobación de la reforma contó con el respaldo de la alianza oficialista (Morena, PVEM y PT) y el PRI, sumando 20 votos a favor, mientras que el PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La CNDH, que había presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley original, aún debe evaluar si los cambios son suficientes para retirar su impugnación.