La Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (AGEPRO) informó que los habitantes de la isla que aún no cuentan con documentos oficiales de propiedad pueden iniciar el proceso de titulación de sus predios, una oportunidad que busca otorgar certeza jurídica y protección al patrimonio de las familias cozumeleñas.
El delegado de la dependencia en Cozumel, Marco Antonio Mendoza Quijano, explicó que muchos terrenos fueron adquiridos hace décadas sin que los compradores reclamaran los títulos correspondientes, por ello, se ha iniciado este programa para que los propietarios originales como sus viudas e hijos tienen la posibilidad de acercarse a la agencia para obtener el documento que acredita la posesión legal.
“Es un trámite sencillo, que lleva su tiempo, pero resulta ser la mejor solución para garantizar la seguridad patrimonial”, señaló.
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A la fecha, la AGEPRO ha entregado seis títulos de propiedad en colonias tradicionales como San Gervasio, San Miguel 1 y 2, 10 de Abril y Emiliano Zapata, entre otras, y estos casos marcan un precedente al resolver una problemática que se arrastraba desde hace años y que ahora brinda tranquilidad a las familias beneficiadas.
Mendoza Quijano exhortó a quienes aún no cuentan con sus títulos a iniciar el procedimiento de autenticación de sus predios, y subrayó que contar con un documento oficial no sólo protege el patrimonio, sino que también evita conflictos futuros sobre la posesión de la tierra.
El funcionario advirtió sobre supuestos gestores que ofrecen servicios a cambio de dinero para obtener títulos de propiedad, para lo cual aclaró que estas personas no tienen relación con la dependencia estatal y que se trata de un fraude, ya que el trámite únicamente puede realizarse a través de la AGEPRO, y para esto, se cobran tarifas conforme al tabulador oficial y con recibos expedidos por la institución.
Y es que precisó que la posibilidad de obtener el título de propiedad representa un paso decisivo para la comunidad de Cozumel, al abrir la puerta a la regularización de predios y garantizar la certeza jurídica de las familias.