El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) avanzó en el análisis técnico y legal para aterrizar el Sistema de Movilidad Integral Quintanarroense, un proyecto que se construye desde hace varios meses y que marcará un cambio estructural en la forma en que se regulan el transporte público, la infraestructura vial y los mecanismos de supervisión en la entidad.
El director del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, informó que los sindicatos de taxistas del estado ya entregaron solicitudes para un incremento en las tarifas. Sin embargo, aclaró que no habrá autorización hasta que el nuevo sistema esté en operación, al menos de manera parcial, en Chetumal y posteriormente en el resto de Quintana Roo.
Explicó que la postura del Gobierno del Estado se mantiene firme: “Si se sube la tarifa ahora, cuando la ciudadanía no tiene alternativas reales de movilidad, el impacto recae de manera directa en la economía familiar”. Por ello, cualquier decisión estará condicionada al avance del sistema, cuyo despliegue será gradual durante los próximos dos años, conforme a lo previsto para el cierre de la actual administración.
Hernández Kotasek añadió que la etapa de socialización concluyó en septiembre y que el Congreso del Estado tiene como fecha límite el 15 de diciembre para recibir la iniciativa que dará sustento legal al Sistema de Movilidad Integral. Una vez ingresado el paquete, Imoveqroo expondrá ante la Comisión de Movilidad los objetivos de cada componente para que los legisladores realicen el análisis correspondiente.
El proyecto prevé nuevas atribuciones compartidas con los municipios, especialmente en temas como licencias, supervisión operativa y control administrativo. Estos puntos deberán definirse mediante convenios de colaboración, sin afectar las facultades municipales ni estatales.
El funcionario confirmó que el modelo de sanciones viales incluirá fotomultas, aunque su aplicación dependerá de acuerdos entre municipios, Estado y, en su caso, la Federación, según el tipo de vialidad. Las mediciones podrán realizarse con cámaras fijas y con equipos móviles, como ocurre en la mayoría de las ciudades del país. Las primeras operarían de forma permanente; las segundas serían itinerantes.
Aclaró que el programa no tiene un fin recaudatorio, sino de reducción de accidentes. Quintana Roo se mantiene entre los estados con mayor incidencia de siniestros, con más de 300 accidentes en la carretera 307 en el último año, de los cuales 64 han sido clasificados como graves. La instalación de equipos, sin embargo, también requerirá convenios debido a que las vialidades tienen distintos niveles de competencia.
El director reiteró que el sistema no entrará en operación inmediata después de su aprobación legal. La ejecución se extenderá durante 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, ya que requiere coordinación institucional, definición de modelos financieros, ajustes administrativos y acuerdos recíprocos.
Este diseño también permitirá definir cómo se aprovechará la recaudación vinculada a movilidad para proyectos estratégicos. Hernández Kotasek explicó que, al igual que ocurre en el fideicomiso turístico, la recaudación generada en las zonas con mayor actividad puede beneficiar a localidades con menos recursos, como parte de una visión estatal integral.