A menos de 48 horas de concluir el año 2025, la Presidencia de la República decretó nuevas expropiaciones de tierras ejidales en Quintana Roo a favor del proyecto Tren Maya, las cuales incluyen superficies en los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco y Puerto Morelos. Los decretos establecen no solo la extensión de los terrenos afectados, sino también los montos de indemnización que deberán pagarse a los ejidos conforme a los avalúos oficiales.
En el municipio de Bacalar, la expropiación corresponde al ejido Pedro Antonio de los Santos. La superficie afectada es de 0.4453 hectáreas. Estas tierras se destinarán a la construcción de infraestructura ferroviaria y a la operación del Tren Maya, tanto para el transporte de pasajeros como de carga. De acuerdo con el dictamen valuatorio emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el 3 de marzo de 2025, el monto de indemnización por esta superficie asciende a 311 mil 954 pesos con 91 centavos, con base en su valor comercial.
Una segunda expropiación se decretó en el ejido Allende, en el municipio de Othón P. Blanco. En este caso, la superficie expropiada es de 0.6176 hectáreas. El decreto precisa que estas tierras de uso común se emplearán para obras de infraestructura ferroviaria y para la operación del proyecto Tren Maya. El avalúo correspondiente, emitido el 18 de febrero de 2025, determinó un monto de indemnización de 58 mil 548 pesos con 48 centavos, cantidad que deberá cubrir Tren Maya, S.A. de C.V., antes de la ocupación definitiva de los terrenos.
El tercer decreto involucra al ejido Leona Vicario, en el municipio de Puerto Morelos. Aquí, la superficie expropiada de 1.6057 hectáreas en cifra decimal. Para esta expropiación, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales emitió un dictamen valuatorio el 21 de febrero de 2025, en el cual se estableció un monto de indemnización de 4 millones 431 mil 571 pesos con 43 centavos, debido al valor comercial de la superficie afectada.
Los decretos señalan que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procederá a la ejecución de las expropiaciones una vez que Tren Maya, S.A. de C.V. acredite el pago de las indemnizaciones correspondientes. El Gobierno federal sostiene que estas acciones se justifican por causas de utilidad pública, al considerar al Tren Maya como un proyecto estratégico para el desarrollo económico, la conectividad regional y la generación de empleos en el sureste mexicano.