La extorsión se consolida como uno de los principales riesgos para la actividad empresarial en Quintana Roo. En noviembre de 2025, el delito registró 190 denuncias en la entidad, lo que representó un incremento de 17 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Aunque el llamado derecho de piso sigue como la modalidad más visible, en el sur del estado avanza otra práctica menos documentada, pero con efectos directos sobre la inversión y el empleo: la extorsión digital.
La extorsión digital en el sur de Quintana Roo se apoya en el uso de redes sociales, plataformas digitales, correos electrónicos y llamadas telefónicas para presionar a empresarios, taxistas, sindicato y asociaciones de Quintana Roo. A diferencia de otras modalidades, la amenaza no siempre recurre a la violencia física, sino al daño reputacional y económico. El objetivo consiste en obligar a las víctimas a realizar pagos a cambio de frenar la difusión de información falsa, maliciosa o no verificada que afecta la imagen personal de sus propietarios y de personas de las comunidades.
Esta situación también está afectando a medios periodísticos que desarrollan su labor basándose en información verificada, al generarse una competencia desleal de parte de los pseudoinfluencers y páginas de Facebook que trabajan desde la generación de contenidos falsos, sacados de contexto y manipulados.
En municipios del sur de Quintana Roo, como Othón P. Blanco, la problemática impacta con mayor fuerza en Mahahual. Miembros de la comunidad denunciaron que algunos actores utilizan perfiles en redes sociales y páginas digitales para publicar notas falsas y ataques directos contra negocios turísticos y comercios locales como restaurantes y hoteles. El mensaje resulta claro: si no pagan las cuotas exigidas, se inician campañas con contenido intencionalmente sesgado o deliberadamente falso (fake news).
Uno de los mecanismos más frecuentes involucra a pseudoinfluencers que aprovechan los algoritmos de las plataformas para viralizar contenidos. A través de publicaciones que acusan presuntos ecocidios o daños ambientales, sin pruebas ni sustento técnico, generan miles de vistas y comentarios negativos. Gran parte de esta interacción proviene de usuarios que no viven en la comunidad y carecen de información directa sobre el contexto local. El uso de bots amplifica el alcance del mensaje y crea una conversación sociodigital que afecta la percepción pública del destino.
Comerciantes, empresarios y miembros de la comunidad que han sido afectados señalaron que estas campañas impactan de forma directa en la economía local. La pérdida de confianza frena inversiones, retrasa proyectos y pone en riesgo empleos en una región que depende en gran medida del turismo y de la actividad inmobiliaria. En varios casos, los responsables de estas cuentas exigieron pagos que alcanzan hasta cien mil pesos para detener los ataques.
Además, en la modalidad utilizada surgieron páginas de Facebook que atacan de forma directa a personas de la comunidad y a empresarios de Mahahual, a quienes vinculan con el crimen organizado sin sustento alguno. Estas publicaciones generaron zozobra entre los habitantes, quienes expresaron sentirse vulnerables ante este tipo de acoso. Personas afectadas, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, afirmaron que ya denunciaron varias de estas páginas ante la policía cibernética, sin recibir respuesta hasta el momento.
La falta de resultados en estas denuncias incrementa la percepción de impunidad. Por lo que las personas afectadas reiteran que la ausencia de acciones claras frente a la extorsión digital deja un vacío institucional que favorece la repetición de estas prácticas. En este escenario, la manipulación de la información se convierte en una forma de presión que también exhibe riesgos de corrupción mediática, al involucrar a perfiles que simulan ejercer labores informativas a cambio de beneficios económicos afectando también a comunicadores y medios que realizan su trabajo de manera formal y clara.