Hablar hoy de la reducción de la pobreza en Quintana Roo es hablar de una transformación real, medible y profundamente humana. Durante décadas se nos dijo que el crecimiento económico bastaba, que la prosperidad “se derramaba” por sí sola. La realidad fue distinta: hubo más turismo, pero no necesariamente más bienestar; cifras positivas, pero no justicia social.
La Cuarta Transformación llegó para romper con esa simulación.
En siete años, México ha logrado sacar de la pobreza a más de 13.4 millones de personas, y Quintana Roo es una muestra clara de cómo un nuevo modelo -la economía moral- puede cambiar destinos colectivos. En un estado donde por años la desigualdad convivió con el éxito turístico, hoy se construye una ruta distinta: crecimiento acompañado de bienestar para quienes sostienen nuestra economía.
La diferencia está en la forma de gobernar. Hoy los recursos públicos llegan de manera directa, sin intermediarios ni corrupción.
Programas como la Pensión para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas educativas y apoyos a personas con discapacidad han significado ingresos estables para miles de familias. Ese dinero se queda en las comunidades, fortalece el consumo local y da certidumbre a los hogares.
En Quintana Roo esto se refleja en mejores condiciones de vida para las y los trabajadores del turismo, quienes hoy cuentan con un respaldo social histórico. A ello se suma una inversión sin precedentes en infraestructura social: movilidad, salud, educación y vivienda. Obras estratégicas como el Tren Maya, el Puente Nichupté y el Aeropuerto de Tulum generan empleo, distribuyen el desarrollo y abren oportunidades a comunidades que antes estaban marginadas.
Desde lo local, esta visión se consolida con el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, quien impulsa una política de prosperidad compartida. Cada proyecto de desarrollo va acompañado de inversión social y ampliación de derechos. Ya no se trata solo de atraer visitantes, sino de garantizar que quienes viven y trabajan aquí tengan mejores condiciones de vida.
Desde el Congreso del estado, esta visión se traduce en leyes y presupuestos con enfoque social, que priorizan educación, salud, seguridad y vivienda, sin nuevos impuestos y con responsabilidad financiera. Legislamos con una premisa clara: el dinero público debe servir para reducir desigualdades, no para sostener privilegios.
La pobreza no se combate con discursos, sino con políticas públicas que ponen al pueblo primero. Hoy las cifras confirman lo que vemos en territorio: familias con mayor estabilidad, jóvenes con oportunidades y adultos mayores con ingresos garantizados.
Esa es la transformación que defendemos.
Porque la justicia social, cuando es real, se nota en la vida diaria. Y en Quintana Roo, hoy, se vive.