El pasado 14 de diciembre venció el plazo para que las empresas en México adecuaran su normativa interna a la llamada Ley Silla, una reforma laboral que obliga a los patrones a garantizar condiciones de descanso adecuadas para las personas trabajadoras durante su jornada. A partir de esta fecha, la disposición resulta plenamente exigible y su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas por parte de la autoridad laboral.
La Ley Silla entró en vigor el 17 de junio de 2025 y otorgó un periodo de 180 días naturales para que los centros de trabajo realizaran los ajustes necesarios. Durante ese tiempo, las empresas debieron adquirir mobiliario adecuado, modificar reglamentos interiores de trabajo y actualizar lineamientos operativos y políticas internas. El objetivo central consiste en evitar que las personas permanezcan de pie durante toda su jornada, salvo en actividades donde resulte estrictamente indispensable.
En Quintana Roo, el nivel de cumplimiento permanece por debajo de lo esperado. La encargada de despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la entidad, Verónica Salinas Mozo, reconoció que alrededor del 55 por ciento de las más de 22 mil empresas registradas en el estado no cumplen con esta obligación, pese a contar con seis meses para realizar las adecuaciones correspondientes.
La funcionaria explicó que la Ley Silla se apoya en dos ejes principales. El primero establece la obligación de los empleadores de proporcionar sillas suficientes y en condiciones dignas para el descanso de las y los trabajadores. Esta medida cobra especial relevancia en centros laborales donde las actividades se desarrollan de pie por periodos prolongados, como comercios, hoteles, restaurantes, tiendas de autoservicio y diversos servicios.
El segundo eje prohíbe que las personas trabajadoras desempeñen sus labores de pie durante la totalidad de su jornada. Salinas Mozo señaló que esta práctica afecta de forma directa la salud, ya que se relaciona con padecimientos musculoesqueléticos, problemas circulatorios, fatiga constante y una disminución general del bienestar laboral.
Con el vencimiento del plazo, la STPS podrá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento y aplicar sanciones a los centros de trabajo que no realizaron los ajustes necesarios. La autoridad laboral aclaró que la Ley Silla no se limita a colocar sillas en los espacios de trabajo, sino que exige generar condiciones reales de descanso, definir tiempos razonables y capacitar a supervisores y mandos medios para respetar este derecho.
Finalmente, la STPS reiteró el llamado a las empresas de Quintana Roo y del país a regularizar su situación de inmediato y actualizar su normativa interna. La dependencia subrayó que la Ley Silla busca fortalecer una cultura laboral basada en la dignidad, la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, y recordó que su cumplimiento ya no admite excepciones.