En el último mes, cuatro personas fueron vinculadas a prisión preventiva por maltrato animal en el estado, un hecho inusual si se considera que en la mayoría de los casos estos delitos se resuelven mediante la reparación del daño. Sin embargo, autoridades ambientales reconocen que no existe un registro público que permita identificar a agresores reincidentes o impedir que sigan teniendo animales bajo su cuidado.
El procurador de Protección al Ambiente, Alonso Fernández Lemmen Meyer, informó que la Fiscalía General del Estado mantiene actualmente 14 carpetas de investigación abiertas por maltrato y crueldad contra animales, lo que refleja un incremento en la judicialización de este tipo de denuncias.
“Estamos siendo mucho más duros con este tipo de temas. No puede ser posible que siga sucediendo y por eso invitamos a la gente a denunciar formalmente”, expresó.
Fernández Lemmen detalló que la Procuraduría trabaja con 19 médicos veterinarios, quienes apoyan a los municipios en dictámenes clínicos, necropsias y acompañamiento técnico. Señaló que, aunque muchos reportes se difunden primero en redes sociales, no siempre llegan a las autoridades a tiempo para intervenir.
“A veces suben videos o notas y no nos etiquetan. Cuando nos llega la información, en ocasiones ya pasó el momento en que podemos actuar. Si se toman el tiempo de grabarlo, que también nos lo hagan llegar”, pidió.
Sin embargo, uno de los señalamientos más es que no hay un registro estatal de agresores, similar a los padrones de deudores alimentarios o sancionados por violencia política. Fernández Lemmen reconoció que esta herramienta no existe, pero sería clave para evitar que personas señaladas por actos de crueldad sigan adquiriendo animales.
“Es un tema delicado, pero necesario. Está comprobado que quien maltrata animales puede escalar a otras formas de violencia”, reconoció.
Aunque la Procuraduría ha realizado alrededor de 150 actuaciones en lo que va del año, no todas corresponden a casos de crueldad; algunas responden a reportes ciudadanos sobre fauna herida o en riesgo.
El titular de la PPA insistió en que la denuncia formal es la única vía para asegurar que estos casos avancen y lleguen ante un juez. Mientras tanto, la ausencia de un registro de agresores continúa como una tarea pendiente en la protección del bienestar animal en Quintana Roo.