La consulta ciudadana en materia de movilidad, realizada este domingo en distintos puntos de Playa del Carmen, transcurrió con una participación constante, aunque moderada, y bajo la sombra de cuestionamientos sobre su transparencia, debido a que no existió un mecanismo que impidiera que una misma persona pudiera participar más de una vez.
El ejercicio, convocado por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), tenía como objetivo recabar la opinión de la población respecto al posible incremento en las tarifas del transporte público, bajo la premisa de mejorar la calidad del servicio. Los módulos se instalaron en puntos como el Domo Forjadores, Domo Misión de las Flores, Domo Villamar II, Palacio Municipal y Unidad Deportiva Riviera Maya, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
De acuerdo con observaciones ciudadanas realizadas durante la jornada, las personas que acudían a participar solo debían presentar una identificación oficial, como la credencial de elector o la licencia de conducir, con el propósito de anotar correctamente su nombre en las hojas de registro. Sin embargo, no existió ningún control digital ni lista unificada que impidiera que alguien emitiera su opinión más de una vez en distintos puntos de votación.
Esta situación generó dudas entre participantes y observadores sobre la validez de los resultados, ya que bastaba con trasladarse a otro domo o punto de recepción para repetir la participación. Algunos ciudadanos manifestaron su preocupación de que esta falta de control pudiera derivar en una manipulación del sentido de la consulta.
Alta participación del gremio taxista
Otro aspecto que llamó la atención fue la notable presencia de taxistas en varios puntos de votación. En algunos módulos, la mayoría de los participantes pertenecía al sindicato local, lo que reforzó las sospechas de que el ejercicio podría estar siendo aprovechado por el gremio para impulsar el aumento de tarifas que ha venido demandando desde hace varios meses.
La pregunta principal de la consulta —si los ciudadanos estaban de acuerdo en incrementar las tarifas para mejorar el transporte público— generó un debate visible entre los asistentes. Algunos coincidieron en la necesidad de modernizar las unidades y profesionalizar el servicio, pero consideraron que el aumento de tarifas no debería realizarse sin una evaluación previa de las condiciones actuales y sin garantizar que los recursos se traduzcan en beneficios reales para los usuarios.
Diversos habitantes expresaron su inconformidad al señalar que el formato de la consulta carecía de garantías de imparcialidad. No hubo presencia de observadores externos, ni mecanismos de verificación o conteo público de los registros. Además, el hecho de que las hojas fueran llenadas manualmente, sin folios ni control cruzado entre sedes, alimentó la percepción de opacidad.
Algunos ciudadanos incluso plantearon la posibilidad de que la consulta pudiera ser utilizada como respaldo simbólico para justificar una decisión ya tomada, más que como un ejercicio auténtico de participación ciudadana.
“Si cualquiera puede votar más de una vez, esto no refleja la opinión de la comunidad”, comentó una vecina de la colonia Zazil-Ha tras emitir su voto.
Pese a las críticas, la jornada se desarrolló en un ambiente tranquilo y sin incidentes. En la mayoría de los puntos, la afluencia fue constante, aunque sin alcanzar niveles masivos. Las familias, trabajadores del transporte y vecinos de distintas colonias acudieron principalmente durante las primeras horas de la mañana y el mediodía.
La consulta, que pretendía fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la movilidad, terminó dejando más interrogantes que certezas. Para algunos sectores, especialmente los usuarios del transporte urbano, el ejercicio evidenció la necesidad de crear mecanismos más rigurosos y transparentes para consultar a la población sobre decisiones que impactan directamente en su economía diaria.
Por esta razón, el debate sobre el aumento de tarifas y la mejora del transporte público en Playa del Carmen y el resto de Quintana Roo continúa abierto, con un sector ciudadano que exige claridad en el proceso y otro que observa con cautela el papel que podrían estar desempeñando los sindicatos en este tipo de consultas.