Tres jueces del Poder Judicial de Quintana Roo fueron señalados por presuntamente haber actuado de manera irregular en la liberación de un hombre acusado de extorsión, violencia familiar y violación a la intimidad personal, quien ahora se encuentra prófugo tras haber obtenido su libertad hace menos de un mes.
El caso involucra a las juezas de control Ana Graciela Vidal Pérez y Ana Elizabeth Duk Hoy, así como al juez de tribunal oral Eddie Israel Canul Rodríguez, adscritos al Juzgado Penal Oral de Chetumal, quienes presuntamente modificaron medidas cautelares y ordenaron la libertad del imputado sin que existiera resolución firme del amparo que lo favorecía.
De acuerdo con la víctima, Amelia Cen Hoy, su expareja Roger Armando “N” permaneció más de dos años prófugo en Estados Unidos hasta ser localizado y detenido por la Interpol en Texas. Su extradición a México, concretada el 14 de septiembre, fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, la Asesoría Jurídica Victimal, el Instituto Nacional de Migración y la Interpol.
Una vez en Chetumal, el acusado fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) mientras enfrentaba cargos por extorsión, violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias y violación a la intimidad personal, delitos que, según la ley, ameritan prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, apenas doce días después de su reclusión, el juez Eddie Israel Canul Rodríguez celebró una audiencia el 26 de septiembre, en la que modificó la medida cautelar de prisión preventiva y permitió al acusado continuar su proceso en libertad, a pesar de que el amparo promovido por su defensa aún no contaba con resolución definitiva. Posteriormente, el 3 de octubre, las juezas Vidal Pérez y Duk Hoy ordenaron su liberación sin audiencia previa, sin notificar debidamente a las partes y sin esperar la resolución formal del recurso de amparo, según denunció la afectada.
Amelia Cen Hoy calificó de “incompetencia total” el actuar de los jueces y denunció que estas decisiones no solo vulneraron su derecho a la justicia, sino que también revictimizaron a su familia.
“Todo el trabajo institucional, el esfuerzo de la Fiscalía, la coordinación con Interpol y los recursos invertidos se vinieron abajo por decisiones arbitrarias”, expresó.
La mujer relató que fue informada de la liberación de su agresor únicamente después de que conocidos lo vieron en libertad, caminando en una plaza comercial.
La víctima aseguró que el sábado pasado fue notificada de que el acusado debía presentarse voluntariamente en un plazo de ocho horas para reingresar al Cereso, pero confirmó que nunca lo hizo.
“A las once de la noche me avisaron que no se presentó. Es evidente que huyó nuevamente. Ahora temo por mi seguridad y la de mis hijos, porque él es una persona violenta”, afirmó.
En su declaración, Cen Hoy pidió la intervención de la gobernadora Mara Lezama, del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de Quintana Roo y de la Fiscalía General del Estado, para investigar las actuaciones de los jueces involucrados.
“No pido privilegios, pido justicia. Que se respete la ley y se proteja a las víctimas. Este caso debe marcar un antes y un después, no podemos permitir que la irresponsabilidad judicial sea la puerta de salida para los agresores”, dijo.