El basurero municipal de Chetumal se encuentra nuevamente en el centro de la controversia debido al desbordamiento de residuos y a las denuncias de los ejidatarios de Calderitas, quienes acusan al Ayuntamiento de Othón P. Blanco de permitir el depósito de desechos fuera del área autorizada. La situación ha derivado en la invasión de un camino ejidal que conecta con varios ranchos, impidiendo el acceso a los propietarios y generando preocupación por los daños ambientales que podría ocasionar esta práctica.
De acuerdo con los vecinos del lugar, los camiones recolectores ya no ingresan completamente al vertedero, sino que descargan la basura en los bordes del terreno, lo que ha provocado que los residuos bloqueen parcialmente el paso.
“Taparon casi el camino que va hacia los ranchos del Ejido Calderitas; ya no entran los basureros hasta el fondo y eso nos perjudica”, expresó uno de los habitantes en una grabación difundida por los afectados.
La acumulación de basura a cielo abierto también ha generado malos olores, presencia de fauna nociva y riesgos sanitarios para las colonias cercanas.
Datos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales indican que diariamente llegan al sitio alrededor de 400 toneladas de residuos, pero el vertedero carece de un sistema de tratamiento o separación. La basura se compacta con maquinaria pesada, sin cubrirse con material pétreo ni medidas de contención, lo que favorece la filtración de lixiviados hacia el subsuelo.
Esta situación ha ocasionado múltiples episodios de desbordamiento, especialmente durante la temporada de lluvias, y ha convertido el lugar en un foco de contaminación que afecta tanto al ambiente como a la salud de las comunidades vecinas.
El excomisario ejidal Sergio Uh recordó que durante la administración municipal encabezada por Rosario Ortiz Yaladaqui (1990-1993) se habilitó un relleno sanitario con la intención de resolver el problema de los residuos sólidos en la capital del estado. Sin embargo, explicó que la falta de mantenimiento y continuidad entre administraciones lo transformó en un tiradero a cielo abierto.
“Era más cómodo dejarlo así, pero ahora es un problema de salud pública. El basurero ya está rodeado de colonias y solares que antes eran tierras ejidales”, señaló.
Uh detalló que el ejido cuenta con terrenos de uso común que fueron parcelados y posteriormente cedidos a particulares, lo que ha dejado al basurero en medio de una zona habitacional. Además, recordó que existe una orden judicial que en su momento ordenó la clausura del vertedero por representar un riesgo para las comunidades aledañas, particularmente para los fraccionamientos Las Américas y Flamingos. Sin embargo, dicho proceso se suspendió cuando los promoventes desistieron de la demanda, lo que permitió que el sitio siguiera operando sin cambios sustanciales.
Por su parte, el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), Alonso Fernández Lemmen Meyer, informó que la dependencia está a la espera de que los juzgados federales emitan resoluciones sobre los recursos legales presentados por el Ayuntamiento.
Una vez resueltos, podrían reactivarse las sanciones pendientes, la clausura parcial del basurero y la aplicación de medidas urgentes para mitigar los daños ecológicos. El funcionario recordó que desde 2019 la PPA ha emitido 28 recomendaciones al municipio, pero cerca del 90 por ciento no se ha cumplido. Entre las principales omisiones están el análisis del suelo, la cobertura de las celdas colapsadas y los estudios de calidad del agua subterránea.
Mientras tanto, los ejidatarios no descartan nuevas acciones legales o incluso el bloqueo del acceso al basurero, como medida de presión para exigir una solución definitiva. Coinciden en que el vertedero ya cumplió su ciclo útil y debe cerrarse antes de que los daños ambientales sean irreversibles.