El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) ha comunicado que, hasta la fecha, no se ha aprobado ningún aumento en las tarifas de transporte público en ninguna modalidad.
Esto aplica tanto para Playa del Carmen como para Cancún y el resto del estado de Quintana Roo. El titular del IMOVEQROO, Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, subrayó que cualquier incremento en las tarifas es ilegal y, en caso de detectarse, los operadores responsables serán sancionados.
¿Cómo reportar tarifas abusivas en el transporte público?
El IMOVEQROO ha establecido un canal directo para que los usuarios puedan denunciar cualquier intento de cobro de tarifas no autorizadas. Se ha habilitado una línea de WhatsApp 983 185 3403 para que los ciudadanos reporten de manera rápida y eficiente cualquier abuso. Los reportes son esenciales para que el Instituto pueda realizar operativos en los distintos municipios, como Playa del Carmen y Cancún, y verificar las denuncias de aumentos indebidos.
El compromiso del IMOVEQROO, en línea con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo promovido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, es asegurar que los ciudadanos disfruten de un transporte público justo y accesible. Es sumamente importante que los usuarios estén atentos y reporten cualquier irregularidad para mantener el transporte público dentro de los límites legales y accesibles para todos.
¿De cuánto es la multa por aumentar las tarifas sin autorización en Quintana Roo?
Aunque se está realizando un análisis de las tarifas debido al aumento en los costos operativos, cualquier modificación deberá ser previamente aprobada y publicada por las autoridades competentes.
Las sanciones establecidas por la Ley de Movilidad de Quintana Roo, específicamente en el artículo 122, fracción X, pueden ir desde multas que oscilan entre 151 y 700 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que equivale a entre 16 mil 394 y 75 mil 999 pesos. Además, en casos graves, se podría proceder a la revocación de la concesión. Este es un esfuerzo por garantizar la seguridad y calidad del servicio de transporte, así como proteger los derechos de los ciudadanos en cuanto a movilidad se refiere.