La Asamblea Social del Agua en Solidaridad condenó el cierre de expediente por parte de los diputados locales en Quintana Roo, quienes anunciaron que será la próxima legislatura quienes deban resolver el tema relacionado a la no extensión de la concesión y la derogación del decreto 250 para cancelar la misma. “La consulta fue una estrategia para disminuir la presión social ante los abusos e incumplimientos de la empresa”, manifestaron en una declaración pública.
Humberto Aldana, presidente del congreso local, declaró que sesionarán para cerrar de manera formal el expediente. Esto, a pesar de los resultados de la consulta pública de junio de 2021, en donde los habitantes de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez, exigieron, a través del voto, la salida de Aguakan de estos municipios. La empresa continuará sus operaciones en esas demarcaciones del norte del estado con la protección de la justicia federal.
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“Veíamos sospechoso que se hubiera optado por impulsar una consulta ciudadana, cuyos resultados no serían vinculantes, en vez de recurrir a un referéndum”, señaló Enrique Burton, coordinador general de este grupo de defensa del agua.
La Asamblea Social del Agua en Solidaridad hizo un llamado a la gobernadora Mara Lezama y al presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver la situación de Aguakan.