La gobernador Mara Lezama presidió la firma de Colaboración Interinstitucional entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria para frenar la deforestación en la selva maya, una problemática que ha alcanzado cifras alarmantes en los últimos años y que Bacalar es el epicentro por la expansión de cultivos menonitas.
Durante el evento, funcionarios destacaron que tan solo en el estado se han perdido más de 250 mil hectáreas de selva entre 2001 y 2023, mientras que en toda la península de Yucatán la cifra supera 1.1 millones de hectáreas.
El acuerdo fue suscrito entre la titular de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborell; el titular Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera y el Registro Agrario Nacional, representado por su director en jefe Luis Cruz Nieva, que en coordinación con el gobierno de Mara Lezama y de funcionarios ambientales de Yucatán y Campeche, con el objetivo de detener el cambio ilegal de uso de suelo, el acaparamiento de tierras y promover un modelo de desarrollo sustentable en ejidos y comunidades.
Te podría interesar
La gobernador Mara Lezama señaló que este convenio busca garantizar la protección del territorio, buscando un enfoque sustentable para que las comunidades que se encuentran en estas áreas vean signos de prosperidad sin tener que vender sus tierras o deforestar sus bosques.
“Sí devastamos por sobre explotación nuestras selvas, no hay vuelta atrás, no hay retorno, por eso la importancia de firmar este acuerdo, pero convencidas y convencidos de lo que estamos haciendo, y lo diremos siempre, el desarrollo es importante, sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones”, afirmó.
Durante el evento, Víctor Suárez Carrera, destacó la relevancia de la propiedad social en la región, al indicar que en la península de Yucatán el 53% del territorio pertenece a ejidos y comunidades, mientras que en Quintana Roo esta proporción alcanza el 84.3%, lo que convierte a estos núcleos en actores clave para la protección del territorio.
El funcionario alertó que, a nivel nacional, entre 2001 y 2023 se han perdido 4.6 millones de hectáreas de bosques y selvas, y tan solo en la península de Yucatán se han perdido 1.1 millones, dentro de esta, Quintana Roo ha perdido un macizo forestal equivalente a 250 mil hectáreas.
Asimismo, expuso que el acaparamiento de tierras se ha intensificado en los últimos años, con casos donde 13 personas concentran cerca de 40 mil solares urbanos en distintos ejidos, situación que calificó como irregular y resultado de vacíos legales y falta de coordinación institucional.
El acuerdo, firmado junto con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, establece una coordinación directa entre autoridades ambientales y agrarias para impedir que terrenos deforestados de manera ilegal puedan ser regularizados posteriormente.
“Se ha vuelto una práctica común desmontar selva de manera ilegal y después intentar formalizar el uso del suelo. Eso es lo que queremos detener”, señaló Mariana Boy Tamborell, titular federal de la Profepa.
Explicó que este convenio permitirá compartir información entre dependencias para identificar predios afectados y bloquear procesos como el cambio de dominio o el parcelamiento, cerrando así una de las principales rutas que incentivan la deforestación.
Boy Tamborrell advirtió que la expansión de la agricultura intensiva en la región no solo provoca la pérdida de cobertura forestal, sino que también impacta la fertilidad del suelo, contamina los acuíferos y afecta la salud de las comunidades, debido al uso de agroquímicos
En este contexto, destacó que la PROFEPA ha intensificado su presencia en territorio. En los últimos 8 a 9 meses, la dependencia ha logrado la clausura de 58 predios, que representan más de 10 mil hectáreas deforestadas, además de presentar 34 denuncias penales por delitos ambientales.
Estas acciones, afirmó, forman parte de una estrategia integral que no solo busca sancionar, sino también prevenir nuevas afectaciones mediante la vigilancia constante y la coordinación institucional.
La titular de PROFEPA subrayó que la selva maya representa uno de los patrimonios naturales más importantes del país, al ser el segundo macizo forestal más relevante de América después de la Amazonía, por lo que su conservación es prioritaria.
Asimismo, hizo un llamado a los núcleos agrarios a sumarse a este esfuerzo, al recordar que gran parte del territorio en la península pertenece a ejidos y comunidades, quienes juegan un papel clave en la protección de los recursos naturales.
“El cuidado de la selva no puede lograrse sin la participación de quienes habitan y poseen la tierra”, puntualizó.
Además de las acciones de vigilancia, el convenio contempla impulsar alternativas productivas sustentables, que permitan a las comunidades generar ingresos sin recurrir a la deforestación, como el manejo forestal responsable y otros esquemas de aprovechamiento sostenible.
Finalmente, Mariana Boy Tamborrell reiteró que la coordinación entre autoridades será fundamental para frenar la pérdida de selva en la región y garantizar la protección de los ecosistemas, en un contexto donde la presión sobre los recursos naturales continúa en aumento.