La empresa Aguakán estará buscando una última resolución en cuanto a su permanencia en Quintana Roo, al presentar su caso de revocación de concesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo resolutivo está a la espera de ser determinado este jueves 16 de octubre.
Será ahora la SCJN quien atraiga la revisión final sobre la disputa entre la empresa Aguakan y el gobierno del Estado de Quintana Roo, para hacer válida o no, su permanencia en cuatro municipios de la entidad, a saber de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Playa del Carmen, tras una revocación de concesión emitida desde el Congreso de Quintana Roo.
En el 2014, el mismo Congreso del Estado prorrogó por 30 años la concesión de la empresa Aguakán, responsable de extraer y distribuir el agua en los cuatro municipios del norte, y cuyo permiso inicial terminaba en el 2023 y con la aprobación de los diputados locales dicho permiso se ampliaba hasta el 2053.
Aguakán solicitó la intervención de la corte en la pasada administración, sin embargo no ha sido fortuito que la empresa ahora recurra a la nueva corte, y evitar sea el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resuelva, al plantear el impedimento de tres magistrados en agosto pasado.
Ante una nueva cortes que ha estado resolviendo las atracciones y reasuncuones de competencia con votaciones económicas, sin la necesidad de proyectos de sentencia o discusiones de los casos, evitando la justificación de los ministros, la solicitud de ser la SCJN, tiene más sentido de solicitarla por esta vía.
También influye el hecho de que la anterior Presidenta de la Corte, Norma Piña, haya desechado una solicitud de Aguakán para atender el recurso del estado, no obstante la suspensión, de ser revocada, serían los cuatros municipios con atención de la empresa, quienes determinen el control del suministro de agua potable.
Sin embargo, la concesionaria se niega a soltar el contrato millonario, aún cuando se realizó una consulta popular en el 2022, donde la ciudadanía, es decir, los usuarios decidieron poner fin a lo que han calificado como pésimo servicio, mala distribución del agua a causa de la presión y los altos costos de un deficiente servicio.